Los afectados por el derrumbe de Nueva Montaña aún esperan su indemnización

Cabe destacar que dentro de los afectados también hay otro grupo que inició una reclamación civil seguida ante el Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Santander para reclamar a Gesvicán, la comunidad de propietarios y Seguros Allianz (aseguradora de la comunidad) los daños sufridos a consecuencia del colapso. En algunos casos demandan a los tres, otros a dos y otros a una. Y siguen a la espera de que el juez dicte sentencia.

Según ha podido saber El Diario Montañés, a día de hoy no hay «ninguna resolución definitiva que declare alguna indemnización a costa de los perjudicados y deberían haber cobrado hace mucho tiempo. Aquí están incluidas las compañías aseguradoras de los vecinos que tenían el seguro a todo riesgo y los afectados como Victoria que no tenían su vehículo asegurado. «Hasta que no se resuelva el pleito que tienen la constructora y el Ayuntamiento, que tiene preferencia, no se puede avanzar. Y este proceso aún se puede demorar otros dos años», insiste la afectada.

Para entender esta situación hace falta saber que cuando se produjo el derrumbe, había dudas sobre las responsabilidades: si del Gobierno por calcular mal la cantidad de tierra que podía colocar sobre el aparcamiento subterráneo o del Ayuntamiento, encargado de la construcción y mantenimiento del parque ubicado justo encima. Así, los informes técnicos -se encargaron tres- ya apuntaban a que la responsabilidad era del Ejecutivo. Entonces, Gesvicán interpuso un procedimiento ordinario contra el Ayuntamiento de Santander que, en primera instancia, desestimó el recurso de la constructora al considerar que el aporte de tierras para la construcción de un parque público no fue la causa del siniestro. Finalmente, Gesvicán lo recurrió y una sentencia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó al Consistorio a pagar el 10% de los daños asumidos por la empresa pública Gesvicán a consecuencia del derrumbe, lo que supone que tendrá que abonar 104.000 euros, teniendo en cuenta que el siniestro se cuantificó en algo más de un millón. La Sala coincidía con la juzgadora de instancia en que el relleno realizado por el Ayuntamiento no fue determinante para el colapso del terreno, pero sí considera que el Consistorio es corresponsable porque aprobó el modificado del proyecto que alteró la seguridad constructiva «produciendo una entrega prácticamente sin margen alguno de maniobra en el exterior». Así, actualmente los afectados están «pendientes» del trámite de recurso de casación que presentó el Ayuntamiento contra esta sentencia.

«Esto significa que los realmente damnificados no tenemos las certezas necesarias para reclamar daños y perjuicios porque el Ayuntamiento continúa recurriendo», explica Victoria, que entiende que están «obviando por completo a los damnificados, sin ninguna intención de enmendar su mal hacer ni reconocer su responsabilidad». A su juicio, lo que pretenden es «retrasar o incluso evitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios a los vecinos de Nueva Montaña».

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