¿Un albergue para el Obispado en la calle Limón? No tan deprisa

Hostales Santanderinos planteó un recurso contra la validez del pacto entre el Ayuntamiento y el Obispado tras conocer en el año 2020 que ambos habían acordado echar abajo el inmueble citado y construir en ese mismo lugar (el suelo pertenece a la Iglesia) un albergue que gestionará esta durante 50 años. La inversión corre íntegramente por cuenta del Ayuntamiento, algo que cuestionan los denunciantes, que creen que el acuerdo es nulo por «falta de competencia municipal, ausencia de interés público, ausencia de contraprestaciones y lesividad y por incumplimiento de la Ley de Subvenciones».

El proceso del recurso acabó en el Juzgado del Contencioso Administrativo número 1 de Santander cuyo titular (Juan Varea) ha fallado parcialmente a favor de los recurrentes y exige al Consistorio que emita una resolución sobre el convenio, previa consulta al Consejo de Estado. Los denunciantes dicen que este informe será vinculante, pero César Díaz, concejal de Fomento, asegura que solo será preceptivo.

El proyecto del albergue lleva años para cuajar. Para el Ayuntamiento, abrir una instalación de ese tipo en pleno centro de la ciudad serviría para rehabilitar un edificio que ahora está en malas condiciones, en un barrio muy necesitado de revitalización. Además, los responsables municipales consideran que contar con un hostal «exclusivo para peregrinos» relanzaría el Camino del Norte, lo que beneficia a Santander.

Los argumentos no convencen a algunos profesionales del sector a quienes el albergue supone competencia. Aunque, sobre todo, discuten que se otorgue directamente al Obispado sin haber salido a licitación pública, ya que se van a destinar a su construcción 840.000 euros de las arcas locales. Si las autoridades ven conveniente que exista, «que lo saquen a concurso y que pueda concurrir cualquiera», señalan. Por eso presentaron un recurso en 2021 en el que defienden que el convenio con la Diócesis es «nulo de pleno derecho» al contravenir distintas normativas y jurisprudencia estatal y europea. En un primer momento la Asociación de Hostelería de Cantabria se sumó a la reclamación, pero en la actualidad quedan en la disputa legal Hostales Santanderinos y el Consistorio.

Según un portavoz de la empresa que recurre, la autoridad local ni siquiera contestó cuando se pidieron explicaciones por el convenio por la vía administrativa. Y, ahora, el juez establece que el municipio debe solicitar un dictamen al Consejo de Estado, en cuyas manos quedan los denunciantes. Hostales Santanderinos pidió -sin éxito- al juez medidas cautelares para que el edificio no se pueda derribar mientras llega una respuesta.

Si, en el tiempo que tarda en pronunciarse el Consejo, el Ayuntamiento derribara el edificio que hay que echar abajo para sacar adelante el albergue, «luego se tendrá que atener a las consecuencias, porque el fallo judicial es claro: el Consistorio debe que admitir a trámite el recurso contra el convenio y pedir ese dictamen», señala el portavoz de la firma quien, así las cosas, cree que «lo lógico sería que se parase el derribo del edificio porque corren todo podría declarse nulo».

César Díaz ha confirmado que la demolición del edificio aún no está adjudicada. Se sacó a licitación, pero el concurso quedó desierto y se repetirá con otras condiciones ya que, debido a la ubicación del inmueble, tiene que hacerse de forma especial y ninguna empresa se mostró interesada en los trabajos. Díaz ha asegurado que «se seguirá el procedimiento que ordena el juez», pero que la tramitación para el derribo también seguirá en marcha porque «los informes locales apuntan a que las alegaciones se desestimarán».