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La desazón de los vecinos del número 57 de la calle del Sol continuará tres meses más tras lamentar que el Ayuntamiento de Santander anuncie hoy que aún no ha concluido el expediente sancionador para exigir responsabilidades a los causantes del colapso del edificio, derrumbado parcialmente el pasado 24 de julio ... .
El Consistorio ha defendido que la instructora del expediente -arquitecta municipal- no había recibido, días antes de finalizar el período inicial de seis meses, todos los informes técnicos que había solicitado para esclarecer las causas del derrumbe y sus responsables.
Para levantar este expediente ha pedido información a todos los implicados, aunque tiene en el punto de mira a dos empresas (Dos Imanes Producciones y Millán-IC Multiservicios) y a un director de obra, debido a que las primeras pesquisas internas del Ayuntamiento concluyeron que pudo haber «un exceso de obra» en la reforma de un local que estaba llevando a cabo un conocido hostelero local.
En mitad de la investigación se encuentran los vecinos. Pasados casi siete meses, solo han comenzado las labores de consolidación de la parte central del edificio, una obra que se está ejecutando desde finales de diciembre. La Justicia mantiene abierto un procedimiento penal, en contra del deseo de los vecinos, que han pedido a la concejala Tatiana Yáñez-Barnuevo –de Ganemos– que retire su demanda porque temen que este proceso interfiera en el expediente municipal. De éste esperan que salga la reconstrucción de la parte del inmueble que ahora no existe. El plazo para resolver el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Santander por el derrumbe de parte del bloque de viviendas vencía hoy, miércoles, y estaba estipulado que, de no finalizarse, la investigación se ampliaría otros tres meses.
A todos los santanderinos, el derrumbe les ha costado a día de hoy unos 228.368 euros. Se pagaron 186.699 euros a la empresa que realizó la demolición, el desescombro y la consolidación del edificio en un primer momento. Otros 22.322 euros se repartieron en ayudas a las familias perjudicadas, en tanto que 16.697 euros más fueron los honorarios del experto en estructuras. 2.650 euros más cobró el coordinador de seguridad y salud. Aún habrá que desembolsar 350.000 euros por la obra de consolidación que está en marcha. De momento estas cantidades corren por cuenta del Ayuntamiento, que tiene intención de repercutirlo a los responsables del siniestro cuando se determine quienes han sido.
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