La anulación del Plan General de Santander de 2012 costará más de 13 millones de euros

¿Y por qué quería el Ayuntamiento que el Ejecutivo regional se hiciera cargo de los tres millones de euros que costó redactar el PGOU? Porque su anulación fue un 'daño colateral', ya que la sentencia del Tribunal Supremo iba contra el Bitrasvase, una obra dependiente del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Hidráulica para asegurar el suministro de agua a la ciudad y que fue declarada ilegal. El Consistorio presentó el recurso hace dos años y ha sido en diciembre de 2020 cuando el TSJC lo ha desestimado.

Entre los acuerdos con terceros que se vieron afectados por la anulación del PGOU, el más llamativo es el que el Ayuntamiento tenía con la Fundación Caja Cantabria. El Consistorio y la entidad firmaron en diciembre de 2010 un documento que contemplaba una recalificación de suelo donde se encontraba la parcela de la antigua residencia de Cazoña, propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria, para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba entonces en curso. Cuando entró en vigor, la entidad bancaria abonó al Consistorio siete millones de euros pero, al anularse cinco años después, el cambio de uso de la parcela también se canceló. Al Ayuntamiento no le quedaba otra que devolver el dinero, aunque alcanzó un acuerdo con la Fundación para poder hacerlo en varias anualidades. Aunque el equipo de gobierno también se planteó presentar un recurso contra el Gobierno de Cantabria para que se hicieran cargo de este coste, finalmente van a proponer que se desista en el próximo Pleno.

A pesar de que no se llegó a cambiar la 'etiqueta' del suelo, la Fundación Caja Cantabria ya está convirtiendo el edificio en una residencia de estudiantes, ¿cómo es posible? En 2019, se llevó a cabo una modificación en el PGOU de 1997 para que el edificio pasara de tener Equipamiento de Interés Público y Social (destinado a residencia de ancianos) a Equipamiento Educativo.

El convenio urbanístico con Fuentellata S. L. es otro de los que siguen coleando. El Ayuntamiento adquirió dos fincas de la empresa mediante expropiación, por un valor de 2,2 millones de euros. El acuerdo consistía en cambiar estas fincas por otras edificables en Cueto, pero todo se vino abajo con la anulación del Plan. Por eso, el Consistorio tuvo que devolver el dinero más otro millón por los intereses legales devengados desde la fecha que se inició el proceso expropiatorio. Al igual que en el caso de la Fundación Caja Cantabria, se alcanzó un acuerdo para pagarlo en varias anualidades, hasta 2022.

A los más de 13 millones de euros desencadenados de la anulación del PGOU, el Ayuntamiento tendrá que sumar otros 155.560 euros que abonará al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Medio Ambiente tras desistir del recurso por consejo de los Servicios Jurídicos Municipales. Un asunto que se abordará en el Pleno extraordinario del próximo martes. «Es el fin de la huida hacia adelante del PP para desviar, con dinero público, sus responsabilidades en la anulación del PGOU», valora el portavoz del PSOE, Daniel Fernández. «Pretendieron culpar a otras administraciones de su fracaso».