Anulan la sentencia que condenó a Santander a devolver 2,3 millones a la UTE de Jardines

Los 2,3 millones de euros correspondían a deducciones que el Consistorio había hecho de varias facturas emitidas entre 2019 y 2021, al considerar que la empresa estaba cometiendo incumplimientos del contrato referentes a las mejoras, personal y compra de maquinaria. La justificación que presentó entonces el Ayuntamiento no convenció al juzgado, pero el recurso posterior sí le ha servido al TSJC para librar al Consistorio de pagar esos más de dos millones.

Como se confirmó ayer, el TSJC ha anulado la sentencia de 2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander. En su fallo, el TSJC estima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento tras analizar el procedimiento que la Administración municipal siguió en el cálculo y aplicación de los descuentos, derivados del informe de control financiero realizado por la Intervención General y de la inspección de los trabajos que llevaron a cabo los técnicos municipales de la Concejalía de Medio Ambiente.

Así, la resolución judicial detalla que, en el informe de control financiero emitido por la intervención municipal el 22 de noviembre de 2019, «se explican y justifican los incumplimientos referidos al número de trabajadores, no realización de mejoras y ausencia de inversiones». La Sala detalla, de forma expresa, que «la Administración ha obrado correctamente» en las compensaciones por los incumplimientos referidos, y dictamina «la conformidad a Derecho» de las deducciones que aplicó el Ayuntamiento santanderino. Por ello, estima el recurso presentado por el Consistorio, revoca la sentencia del Juzgado número 2 e impone a la empresa las costas judiciales causadas en el proceso de primera instancia.

Tras conocer la resolución, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha expresado su satisfacción y destaca que la sentencia es «una buena muestra de que el Ayuntamiento siempre vela por el cumplimiento estricto de los contratos y mira siempre en la dirección del beneficio de los ciudadanos». A este respecto indica que, mientras la oposición «se alegra cuando hay noticias negativas para las arcas municipales, el equipo de gobierno persevera para defender los intereses de todos los santanderinos».

Aunque la UTE Jardines salió del Ayuntamiento en 2023 (tras terminar su contrato, que llevaba prorrogado desde 2018), la llegada de la actual adjudicataria, Légamo, también ha traído disgustos. El año pasado, el Consistorio señaló «incumplimientos» de los pliegos por parte de la nueva empresa que llegaron a poner en riesgo el contrato, ya que la alcaldesa, Gema Igual, apuntó que «no me temblará la mano» si la situación no se resolvía y había que rescindir el acuerdo. Aunque Légamo presentó un recurso de reposición contra la imposición de penalidades, la Junta de Gobierno Local lo desestimó y se desconoce si finalmente se rescindirá el contrato.