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La mala relación entre el Ayuntamiento de Santander y Ascán, la empresa que se ha encargado de la limpieza viaria de la ciudad durante más de veinte años, traspasó lo puramente laboral para llegar a los tribunales. En total, se abrieron más de una ... veintena de pleitos de los que esta semana se han resuelto cuatro. Todos a favor de la concesionaria saliente: «Contemplábamos esta posibilidad». Y todo hace indicar que en los próximos días seguirán resolviéndose los procesos relacionados con los descuentos que el Consistorio realizó en las facturas del servicio desde junio de 2020 a noviembre de 2021.
Hasta ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 ha resuelto cuatro que suman más de medio millón de euros pero que, según señalan desde Ascán, superarán los 610.000 euros ya que hay que sumar impuestos y retrasos en el pago. Eso, siempre y cuando las sentencias se queden como están, ya que aún no son firmes y ambas partes recurrirán. Ya dijo este pasado jueves el portavoz popular, César Díaz, en el Pleno extraordinario para debatir la continuidad de la comisión de investigación, que algunas de las partidas que el Ayuntamiento debe pagar son porque «no está suficientemente justificado el descuento» y están dispuestos a aportar más razones. En concreto, las partidas que deben abonar son las relacionadas con personal y con la recogida de cartón en comercios. Pero con este mismo argumento, Ascán también está dispuesto a justificar el resto de partidas que, en principio, sí se descontaron con razón. Por ejemplo, en la primera sentencia que se dio a conocer sobre el pago de las facturas, de los 208.000 euros que el Ayuntamiento descontó a la empresa, ahora tendrán que pagar 147.000 euros por el personal y el reciclaje de cartón. Es decir, más de un 70%. Mientras que para el juez sí están bien descontadas las deducciones relativas a la plataforma Smart City (12.500 euros), al parque de papeleras (1.500), a la inversión en medios técnicos (24.957 euros) y a comunicación y sensibilización (18.745 euros).
Así, cada parte tratará de demostrar, o bien que descontó dinero de las facturas con razón, o que sí realizó las tareas pero que no les pagaron. Desde Ascán, consideran que también pueden recuperar la partida referente a la Smart City y a la maquinaria: «Estamos hablando de que nos lleguen a ingresar hasta el 90% de lo que dedujeron de las facturas».
Las deducciones de un total de 18 facturas están repartidas en los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Así, el primero en empezar a resolverlos está siendo el número 1, que ya ha emitido sentencia de cuatro pleitos. Desde la empresa creen que también el nº3 tiene «muy avanzados» los suyos: «Esperamos tener más noticias a partir de la semana que viene». Las sentencias que tardarán más serán las del nº2, ya que el titular de este juzgado, Luis Acayro Sánchez, está suspendido de sus funciones y pendiente de juicio.
Además de los pleitos por las deducciones en las facturas, hay otros dos pendientes: uno sobre la resolución del concurso de basuras (Ascán considera que no hubo razones para que el Ayuntamiento rescindiera el contrato) y el otro sobre la posterior adjudicación por emergencia a la empresa PreZero.
En el terreno político, Ascán está a favor de que se realice la comisión de investigación que aclare lo ocurrido con su contrato: «Uno de los mayores errores del PP fue tratar de eliminarnos como empresa. Hay que sacar a la luz qué ha pasado y estamos dispuestos a participar».
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha apoyado la actuación del Ayuntamiento de Santander, liderado por la 'popular' Gema Igual, en relación al contrato de basuras de la ciudad porque, según ha dicho, en «todas» las decisiones que está adoptando lo hace «con el respaldo de los servicios técnicos» y para cumplir con la «legalidad».
Así lo ha manifestado al ser cuestionada por la posible «cadena de sentencias» que puede haber contra el Ayuntamiento de Santander.
Aunque Buruaga ha asegurado que «no conoce las tripas» de este asunto, ha afirmado que, en este momento, se trata de un tema que tiene «más carácter técnico que otra cosa».
Según ha dicho, en la Administración «hay algo que no es negociable ni es opinable, que es el cumplimiento, el respeto y la observancia de la legalidad». «Y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santander en todas y cada una de sus decisiones lo hace con el respaldo de los servicios técnicos, esos argumentos y esa legalidad», ha defendido.
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