Sin avances en el mapa de restricciones al tráfico que debía entrar en vigor en enero

Antes de determinar las calles afectadas, el Ayuntamiento entendía que era necesario dar pasos previos. Entre ellos, hacer mediciones y recabar información para saber qué viales de la ciudad están realmente saturados por el tráfico y urgen tomar esas medidas. Así, para cubrir la primera parada del plan, el Consistorio anunció la instalación de una serie de sensores que todavía está pendiente. Los pliegos técnicos del contrato para colocar los equipos, que se firmó también en diciembre, establecían un plazo de cinco meses como límite para el suministro y la puesta en marcha de las soluciones de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. No obstante, este plazo también se retrasó.

¿Y cuál es la situación ahora? Actualmente -ocho meses después de la fecha marcada para la entrada en vigor de las ZBE-, los equipos ya se han suministrado al Gobierno municipal que «está analizando la ubicación concreta de cada uno de ellos», según explican desde el Ayuntamiento. Después, una vez se decida dónde colocarlos, se instalarán en la vía pública y se hará «la calibración» pertinente antes de que empiecen a cumplir con su función de llevar a cabo mediciones de los parámetros necesarios para delimitar las zonas.

Los resultados que se obtengan serán la base para conocer la situación de la que parte la ciudad y, con ello, ver qué decisiones se deben tomar. Este es un punto en el que insiste una y otra vez la alcaldesa de Santander, Gema Igual, cada vez que se le pregunta al respecto: «Queremos disponer de todos los datos necesarios a la hora de adoptar decisiones». Primero, la información. Después, el plan. Así, la ciudad será «prudente» a la hora de delimitar las calles por las que no podrán circular vehículos contaminantes para que se concreten según los datos y no basadas «en suposiciones o hipótesis», subraya una vez más el Consistorio. Un mensaje repetido casi hasta la saciedad. Lo volvió a decir la regidora en junio durante su intervención en el IX Foro Global de Ingeniería y Obra Pública celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): «Primero analizamos, pensamos y luego ejecutamos».

Es decir, aunque sobre la mesa no haya plazos nuevos, no parece que las novedades vayan a llegar en un futuro próximo. Por ahora, los datos que se conocen de las dos estaciones de calidad de aire que hay en la ciudad, dependientes del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) del Gobierno de Cantabria, «evidencian que no existe un problema de falta de calidad del aire», argumentan en el Ayuntamiento para reforzar su postura. Eso sí, insisten en los pasos que se dan desde la concejalía para avanzar en esa movilidad sostenible.

Para avanzar en los objetivos de movilidad y conseguir financiación, el Ayuntamiento elaboró el plan 'Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander' que incluía la instalación de los sensores pendientes y lo presentó a los fondos europeos. El proyecto consiguió el apoyo europeo para cubrir el 90% del total de una actuación que apenas ha avanzado desde el año pasado. Conviene recordar que la Junta de Gobierno Local adjudicó en noviembre de 2022 el contrato de instalación de los sensores a la empresa Telefónica. Un acuerdo que, en concreto, incluye la colocación de 10 estaciones para medir la calidad del aire, 40 sensores de ruido (sonómetros) y 446 de aparcamiento. Así como 16 paneles LED de mensajería variable y 10 más también de aparcamiento.

No obstante, en abril de este año hubo que modificar una vez más los plazos de puesta en marcha de esos canales de información al ciudadano y demás despliegue responsabilidad de Telefónica. ¿El motivo? La escasez en la cadena de suministro. Los problemas para la llegada de componentes electrónicos y los retrasos en el diseño de los paneles obligaron a acordar la ampliación de un plazo que no llevaba aparejado una revisión del precio. Además, los pliegos del acuerdo establecían cinco meses como límite para el suministro. No se cumplió.

Y este no es el primer retraso que sufre la implantación de las ZBE que deberían haber estado en funcionamiento desde el 1 de enero de este mismo año. Una fecha que ni Santander ni Torrelavega -las dos únicas ciudades de Cantabria afectadas- han llegado a tiempo de cumplir. Un problema con los plazos del que ya advirtió el concejal del Ayuntamiento de la capital, César Díaz, que insistió en la necesaria moratoria hasta 2024 para la implantación de estas áreas.

Una petición que también solicitaron todos los municipios y partidos políticos a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). «No debemos olvidar que a día de hoy existe un vacío jurídico por parte del Gobierno central, que sigue sin aprobar el real decreto que regula la implantación y ofrece seguridad jurídica a los ayuntamientos para su puesta en marcha», apuntó el edil. No obstante, el Ejecutivo central rechazó la petición.