El Ayuntamiento de Santander aparta al jefe de parques e investigará irregularidades en el contrato con la empresa

Igual insistió en que habían actuado «de manera inmediata» tras recibir el informe de Intervención (el pasado día 22). Según su relato, en tres días elaboró un plan de acción «con las medidas a adoptar para subsanar las posibles debilidades o incumplimientos». Ambos documentos se presentarán y está prevista para «esta semana» una comisión para informar a los grupos. «Ayer mismo –dijo– la Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera medida». Igual se refería a la solución drástica respecto al jefe de servicio, un funcionario (aunque no tiene la plaza de jefe de servicio). Una medida extraordinaria en la historia reciente del Consistorio. La alcaldesa apuntó que el informe señala que no realizó controles o las revisiones de precios y que se «ha limitado a conformar una tras otra la totalidad de las facturas presentadas» sin requerir justificación. Es decir, a dar el visto bueno a las facturas «sin el soporte documental» necesario que verificase su corrección.

La edil enumeró también las medidas previstas para solventar «las grandes deficiencias en la organización del servicio» en el propio organigrama municipal. Entre las situaciones que se describen se cita a dos administrativas «privadas» de sus funciones, un encargado de mobiliario urbano realizando las funciones de «encargado de parques y jardines» y una asesora externa para las certificaciones de calidad con funciones que iban más allá de esa tarea. En ese sentido, se ha trasladado a Personal que inicie el procedimiento para ocupar la plaza de jefe de servicio, entre otras actuaciones.

«Ha quedado acreditado el incumplimiento de la empresa respecto a varias de las obligaciones del contrato», destaca el interventor (siempre según el relato de Igual). A tenor de sus recomendaciones, «se ha dado traslado al servicio de Contratación» para la incoación de expedientes «de imposición de penalidades y de determinación de daños y perjucios», de «revisión de precios» y de las cantidades «reconocidas en favor de la empresa fuera del periodo contractual» (la UTE desarrolla aún la tarea tras dos prórrogas y hasta la nueva adjudicación al tratarse de un servicio ineludible).

«Se recomienda que se proceda a la adjudicación del contrato licitado, dada la prolongación de la situación irregular», se asegura en el texto, lo que dio pie a Igual a anunciar la adopción del acuerdo de adjudicación del nuevo contrato. Un asunto, el de la adjudicación, que ha estado envuelto en la polémica y que provocó las protestas de los empleados que trabajan en los parques y jardines de la ciudad. De hecho, la decisión estaba pendiente del pronunciamiento de la Junta Consultiva de Tramitación. La intención de Igual es esperar si esa respuesta es inminente y, si no, adjudicar el contrato antes de «dos meses».

Precisamente, una de las razones que esgrime el interventor para justificar el inicio de la investigación que ha derivado en este informe está en «las incongruencias» detectadas en el proceso para la licitación del nuevo contrato. Este «tercer control financiero» tras las fiscalizaciones previas y las rutinarias «es una tercera medida de control no obligatoria», y en las dos primeras no se detectó nada, según explicó Igual, «porque todos los meses se validaban las facturas» por parte del jefe de servicio. Más allá de razones y medidas, Igual no quiso entrar en las cantidades concretas que podrían haberse derivado de las posibles irregularidades. «Me parece gratuito dar cantidades sin dar la oportunidad a la empresa y a las personas de dar las explicaciones correspondientes». Todo, en el marco de un expediente reglado (y de la investigación correspondiente). En todo caso, la investigación hace referencia a un contrato que, desde 2012, suponía una cuantía de casi ocho millones de euros anuales.