El Ayuntamiento apoya la construcción de 250 viviendas sociales en El Campón

Sin que sirva de precedente, los dos grupos que forman el equipo de gobierno municipal apoyan las obras planteadas por el Gobierno. El concejal de Fomento, César Díaz (PP), valora positivamente la actuación que «ya estuvo contemplada en el PGOU de 2012». Por su parte, el director general de Urbanismo, Antonio Bezanilla (Cs), no ve «mayor inconveniente» y apunta que la modificación puntual del PGOU necesaria para iniciar las obras estará en marcha en 15 días.

Así, Bezanilla concreta que para poder construir viviendas hace falta una modificación puntual porque el uso actual de la finca es productivo/industrial y lo que se hará es modificarlo para que su uso sea residencial. «Por parte del Ayuntamiento no hay mayor inconveniente y se tramitará la modificación puntual».

Díaz recuerda que esta intervención ya estuvo contemplada en la revisión del PGOU de 2012 «fruto de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento por aquel entonces». El edil popular afirma que «todo lo que sea colaborar» con el Ayuntamiento para impulsar en Santander la promoción de vivienda asequible destinada «a las familias que más lo necesitan, tal y como hacemos desde la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), cuenta con nuestro apoyo». También deja caer que el Gobierno regional «no promueve vivienda de protección oficial en Santander desde que en 2008 ejecutó una promoción en El Alisal».

Eso sí, el del PP tiene un apunte que hacer al proyecto: «Lo que sí haremos es solicitarle que destine estas viviendas a familias santanderinas y que, como también hacemos desde el Ayuntamiento, este tipo de promociones sirva, no solo para construir las edificaciones residenciales, sino para mejorar el entorno urbano más cercano».

Desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, la directora general de Vivienda, Alicia García, confía en que, además del equipo de gobierno del Ayuntamiento, también el resto de partidos de la oposición apoyen la modificación parcial del PGOU que requiere el proyecto y que todos empujen juntos para que la construcción de las 250 viviendas sociales salga adelante.

El departamento ya está elaborando, junto con el estudio Cero Arquitectura, el documento técnico que enviará al Consistorio para promover esa modificación urbanística y, de manera paralela, enviará el estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Medio Ambiente para lograr el informe de impacto positivo. A partir de ahí será el Pleno municipal quien debata la modificación para sacarlo a información pública. Sigue el proceso con las consultas a todas las administraciones implicadas, desde Adif –las vías transcurren en paralelo a la finca– hasta la Demarcación de Carreteras o la Confederación Hidrográfica, que enviarán –o no– sus alegaciones para estudiar si se incorporan.

En ese punto, la modificación del PGOU tiene que volver a pasar por Pleno una segunda vez para enviarlo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Y ya ahí sí se podrá empezar a construir cuando el departamento municipal de Urbanismo dé los permisos de obra. Todo eso tiene que estar hecho cuanto antes para que los edificios estén levantados en 2026. Esa es la condición que pone la Unión Europea para justificar los fondos.