Ayuntamiento y Ascán rebajan la tensión y abren una vía de negociación

La polémica surgió este pasado fin de semana. El domingo, el Ayuntamiento de Santander informaba de que Ascán-Geaser «no abre las notificaciones enviadas, no contesta a los correos electrónicos, no coge el teléfono y no acude a las reuniones convocadas», en palabras de la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. La edil acusaba a la empresa de «no facilitar la información requerida, entre ella la documentación necesaria para la recepción de la maquinaria (debe devolverse al Ayuntamiento), de no permitir las inspecciones a la empresa de control y no entregar la documentación necesaria para subrogar al personal». El Ayuntamiento llegó a desvelar que había enviado a la Policía Local a entregar los requerimientos... sin éxito. Todo esto evidenciaba, según Rojo, «la obstrucción permanente» para que se puedan llevar a cabo los trámites necesarios para la correcta prestación del servicio a partir de la salida de Ascán.

Sin embargo, la situación ha cambiado en las últimas horas. La alcaldesa explicó ayer que a las doce de la noche del domingo la empresa sí abrió una notificación (la primera de las 19 que se han enviado). «Y esta mañana (por la de ayer) hemos mantenido una conversación en la que se ha mostrado disponibilidad por parte de Ascán. Las dos partes tienen la mejor voluntad y confío en que la empresa va a facilitar toda la información a la nueva gestora del servicio», señaló Gema Igual. La alcaldesa cree que «algo ha cambiado» en la actitud de la UTE, que le lleva a «confiar» en la concesionaria para solventar de forma exitosa el traspaso del servicio a la nueva empresa, que se encargará de todas las funciones a partir del 12 de noviembre.

Sin embargo, el anuncio de Igual no evitó la respuesta de Ascán-Geaser a las acusaciones de la concejala de Medio Ambiente. «El Ayuntamiento no se está ciñendo a las vías adecuadas para la comunicación con la empresa», contestó la concesionaria, que cree que el Consistorio «tiene prisa y quiere saltarse los cauces legales establecidos» para requerir dicha información.

La UTE explicó que estos procesos «deben seguir los cauces establecidos y los tiempos que contempla la legalidad de los concursos públicos establecido en la Ley de Contratos de Servicios Públicos, y no los que sean más cómodos y rápidos para el Ayuntamiento de Santander». La empresa adjudicataria reiteró que «siempre actuará conforme a la legalidad» y «sin poner trabas a un servicio esencial para los ciudadanos».

Fuentes próximas a Ascán-Geaser añadieron a El Diario Montañés que, debido a que la intención de la adjudicataria es ir a los tribunales por la rescisión del contrato, «la empresa debe ser muy cauta y registrar todas las comunicaciones en cumplimiento y forma con la legalidad y sin tomar atajos». «No son válidas las notificaciones entregadas personalmente por la Policía Local, ni las enviadas a empleados de la empresa que no son los receptores oficiales de esta información sensible, ni otras vías que se están utilizando para hacer llegar información a la UTE, que no son las indicadas para este tipo de procedimiento legal».