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El Ayuntamiento acaba de autorizar a los cinco propietarios de viviendas de la parte central del edificio que se desplomó en julio de 2017 en el número 57 de la calle del Sol a que vuelvan a ocupar sus casas. La resolución municipal que ... les permite regresar se firma tras estar listo un informe de habitabilidad -realizado por una empresa externa- que certifica la conclusión de las obras de emergencia con las que se aseguró la parte del bloque que permaneció en pie, pero con daños que había que solventar. El arquitecto municipal ha dado el visto bueno a ese informe y, por tanto, el Consistorio ha levantado la orden de desalojo. Así, diez de los quince residentes pueden ocupar ya sus casas. Los cinco primeros volvieron en septiembre. Y los que aún no están allí son las cinco familias que vieron su piso convertido en escombros.
Fuentes municipales indicaron que el propio Consistorio ha contactado con las empresas de servicios básicos (electricidad, agua etc.) para que se reconecten, paso previo para que los vecinos regresen efectivamente; algunos ya están en el proceso de recuperar sus enseres de los guardamuebles. Estas personas llevan sin vivir allí desde el 19 de julio de 2017, día en el que tras un desalojo a primera hora de la mañana, que resultó providencial, se derrumbaron los cuatro primeros pisos de la parte que mira al túnel de Tetuán. El piso superior, que quedó con las tripas a la vista, se echó abajo por seguridad.
19 de julio de 2017 A media tarde se desploma un ala casi entera del número 57 de la calle del Sol, uno de cuyos locales estaba siendo reformado. El bloque había sido desalojado de urgencia por la mañana.
24 de julio de 2017 Empiezan las labores de desescombro de la parte derruida y se comienza a valorar qué hacer con el resto del inmueble.
Primeros de septiembre de 2017 El Ayuntamiento autoriza a volver a sus casas a los cinco primeros vecinos, los propietarios de las viviendas que están al extremo contrario de la parte del bloque que se cayó.
Finales de diciembre de 2017 Arrancan los trabajos de consolidación y refuerzo de la parte central del inmueble que se han concluido recientemente.
Han pasado más de 16 meses del siniestro y los propietarios de la franja centro del edificio habían pensado que podrían haber vuelto antes. Pero las labores de consolidación se han prolongado casi un año. El Ayuntamiento aventuró en verano que podría tomar posesión de sus casas para agosto. Sin embargo, la obra de consolidación de la estructura se alargó cuatro meses más.
Cuando se concluyó hace aproximadamente un mes y medio, los afectados comprobaron que parte de sus viviendas «estaban como nuevas», lo que les llevó a pedir presupuestos individuales para arreglar la parte de los pisos que se había quedado sin la intervención a la que obligaba el proyecto municipal.
En este tiempo se ha ejecutado una nueva cimentación del edificio mediante micropilotes y encepados de hormigón armado. Esta labor se ha desarrollado tanto en el sector que se trataba de recuperar como en la zona que se derrumbó, por recomendación de un informe geotécnico del terreno.
En el área en la que se desplomó el inmueble también se han construido los muros de hormigón armado correspondientes a las fachadas norte y oeste para salvar un desnivel con las fincas colindantes y la planta baja. Además, se ha construido el forjado de planta baja para evitar la entrada de agua y mantener a salvo de humedades las cimentaciones y las bases de los pilares. También se ejecutó un nuevo pórtico adosado a la fachada para dar apoyo a los forjados que antes se sujetaban en el muro de carga dañado por el desplome.
En todo este tiempo, el Ayuntamiento no ha dejado de estar en contacto con los damnificados, con quienes ha mantenido reuniones periódicas, algo que ellos han agradecido tanto de forma individual como a través de su abogado, Miguel Ángel Gutiérrez Liébana, que cuando se cumplió un año del siniestro declaró que los vecinos le están reconocidos al Ayuntamiento porque el expediente sancionador municipal impuso a los tres implicados en la obra que causó el derrumbe «la obligación de reponer» las cinco viviendas desaparecidas.
Este expediente sancionador determinó que fueron tres los responsables del suceso y se propuso para ellos la sanción máxima de la Ley del Suelo cuando la infracción es grave. La investigación estableció que la caída de dos de las fachadas del número 57 se debió a «un exceso de obra realizada en el antiguo local de la coctelería Máster», que estaba siendo convertido en un bar de copas. La obra había sido denunciada en dos ocasiones por los vecinos.
La instructora del informe señaló a los intervinientes en el proyecto -Dos Imanes Producciones, como promotor; a Pedro Martínez (de la empresa Tainsa), director de los trabajos, y a Millán IC Multiservicios, contratista- como los «responsables» de restaurar el orden alterado y de reponer los bienes afectados al estado anterior ya que se les culpa de haber realizado una obra «que fue más allá de lo permitido». Es decir, les insta a construir los pisos que desaparecieron.
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