El Ayuntamiento compra cuatro fincas en Mataleñas para espacios públicos

La primera finca en superficie mide 10.500 metros cuadrados y está junto al campo de prácticas de golf. Ambas parcelas se encuentran en la superficie que ocupó la gran curva del antiguo hipódromo de Bellavista, desaparecido casi hace un siglo, en terrenos que fueron pasando a diversos propietarios con el paso de los años. El hipódromo fue inaugurada en 1917 y cerró en 1921.

Las dos citadas fincas eran propiedad de la empresa cántabra Fuentellata S.L., dueña, además, de las otras dos que pasan a propiedad municipal, de 1.300 cuadrados de superficie cada una, en la calle Inés Diego del Noval, también en el área de Mataleñas, cerca del restaurante Conde Luna.

El Ayuntamiento adquiere las fincas a la citada empresa mediante expropiación, por el precio de tres millones de euros, al no haber podido compensar con otros terrenos para edificar en la zona de la parroquia de Cueto, como estaba ya acordado por la Corporación Municipal antes de que fuera anulado en el año 2016 el Plan General del año 2012.

El proceso expropiatorio se inició en el año 2003 y en 2007 el Jurado de Expropiación estableció que las fincas tenían un valor de 2,2 millones de euros. El acuerdo con el Ayuntamiento pasó por cambiar estas fincas por otras edificables en Cueto, pero se vino abajo con la anulación del Plan. Y, ahora, el Ayuntamiento deberá abonar la citada cantidad de 2,2 millones de euros y un millón más por los intereses legales devengados desde la fecha que se inició el proceso expropiatorio.

El Ayuntamiento pagará la citada cantidad de 3,1 millones hasta el año 2022, según acuerdo alcanzado con la citada empresa. Pero queda una puerta abierta, la de poder entregarle terrenos edificables cuando sea posible y descontar su valor de la cantidad total a desembolsar.

El convenio urbanístico con Fuentellata S.L., fue aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 y entró en vigor con la aprobación definitiva del Plan General de 2012. Al anularse el Plan General, la asignación de los aprovechamientos quedó sin efecto, lo que conduce a la resolución del convenio urbanístico y a tener que abonar a los propietarios el valor de los terrenos y los intereses legales.

Pero, como recuerda el concejal de Infraestructuras, César Díaz, el PGOU de 2012 «se anuló por una causa externa, como fue la anulación del bitrasvase debido a una deficiente evaluación ambiental realizada por el Gobierno de Cantabria». Así que realizará una reclamación por el perjuicio económico que sufre el Ayuntamiento. El municipio ya ha interpuesto varias reclamaciones por los perjuicios ocasionados «y la voluntad es seguir esa misma línea con los que se sigan produciendo para que sean las Administraciones responsables de la anulación del PGOU (el Gobierno de Cantabria) las que asuman también las consecuencias económicas.

Actualmente, el Ayuntamiento tiene una reclamación en vía judicial contra el Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ministerio para la Transición Ecológica para la devolución al Consistorio de los gastos de redacción del Plan General de 2012, y otra reclamación en vía administrativa por los perjuicios derivados de la resolución del convenio urbanístico sobre la parcela que Caja Cantabria tiene en Cazoña, donde estaba la residencia de ancianos.