El Ayuntamiento dice que el precio de los pisos de Primero de Mayo es «injusto»

Para el portavoz del PSOE en el consistorio, Daniel Fernández, la clave en estos casos es diferenciar al promotor. Opina que son regímenes diferentes cuando quien construye es la Administración o un particular. «En el caso de los vecinos de Primero de Mayo hablamos de un promotor privado, pero de cualquier manera los vecinos han de defender sus derechos como consumidores si consideran que se ha cometido algún abuso».

En la misma línea se pronunció Guillermo Pérez Cosío (Vox):«probablemente esos precios no estén adaptados a la realidad del momento, pero jurídicamente es uno de los problemas más peliagudos que existen», advirtió. «Las cosas se pactan en unas condiciones y ¿hay que cambiarlas si ese contexto cambia o ese pacto prevalece?».

Para Miguel Saro (Unidas por Santander) el caso de las viviendas de Peñacastillo es «chocante e insultante». «Son promociones que se han levantado beneficiándose de enormes recursos públicos y los promotores ahora están vendiéndolas a un precio superior al del mercado libre». Y zanja:«Esto demuestra que las políticas públicas de vivienda son un absoluto fracaso».

Para apoyar esa misma idea se pronunció José María Fuentes-Pila (PRC), que trasladó la problemática al ámbito de la política municipal para reivindicar «la redacción de un Plan de Vivienda y Suelo, tal y como fue aprobado por unanimidad en pleno el pasado mes de diciembre». «Un documento que debería comenzar a redactarse antes de tres meses para que los vecinos se consideren verdaderamente protegidos», añadió.

Por su parte, el que fuera director general de Vivienda en el tiempo en que se firmó el controvertido contrato de esta promoción del barrio Primero de Mayo, Francisco Gómez Blanco, rehusó ayer hacer declaraciones a este periódico.

Entretanto, los vecinos se reunieron ayer con un abogado para estudiar las posibilidades que tendrían de defender su causa en los tribunales y parecen tenerlo claro:«Vamos a ir a por todas y a defender nuestros derechos como colectivo. Creemos que esto es una injusticia. No nos pueden cobrar por nuestros pisos un precio superior a lo que cuesta la obra nueva de vivienda libre en el mismo barrio», defiende Erika Muñoz, una de las inquilinas que estuvo ayer en esa reunión. «Tenemos posibilidades y vamos a intentar agotarlas todas». Pero aconsejada por el letrado no quiso dar detalles de la estrategia que seguirán.

Otros expertos comparten el optimismo y creen que es factible obtener una victoria por la vía legal. «Esto sería un caso claro que debería ir por la vía contencioso administrativa, porque parece evidente que es la Administración la primera que tiene responsabilidad, al no haber ejercido la protección sobre el ciudadano. Luego también la tiene el promotor, que se está intentando lucrar de manera abusiva aprovechando una redacción del contrato que habla de una fórmula aritmética difícil de comprender para la gente que en su día firmó aquellos papeles», remarca Esperanza Ponte, abogada especializada en este tipo de contenciosos.