El Ayuntamiento estima que Ascán tendrá que pagar más de siete millones por daños y perjuicios

El Consistorio sostiene con las sanciones en la mano que interpuso en 2014 y 2015 y posteriormente a partir de 2018 que Ascán-Geaser no cumplió en al menos cuatro aspectos concretos: no vaciar diariamente las papeleras y no realizar desinfecciones periódicas; la falta de desarrollo de la aplicación informática que permite gestionar la información sobre la prestación del servicio de limpieza; la falta de mantenimiento y limpieza de los contenedores; y las carencias en materia de personal y contrataciones. Todo lo anterior lo apoyaron primero los juzgados cántabros y posteriormente, en los últimos días, el dictamen del Consejo de Estado.

El órgano consultivo nacional tampoco pone pegas a la estimación que hizo el Ayuntamiento de Santander sobre ese concepto de 'daños y perjuicios'. En realidad, el cálculo lo aportó el interventor municipal, que emitió un Informe de Control Financiero de la concesión, de cuya elaboración se informó al Pleno en la sesión celebrada el 29 de abril de 2019 (en la recta final de la pasada legislatura). En él se puso de manifiesto una serie de deficiencias e incumplimientos estructurales «que repercuten directamente en la calidad del servicio» y cuyo valor estimado es de 7.048.105 euros.

Esa es la cifra mínima que tendría que pagar la concesionaria. El montante total será previsiblemente mayor porque la cantidad está calculada sin incluir el IVA y porque sólo hace referencia al periodo que va entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. Desde entonces han transcurrido otros tres años, por lo que parece lógico pensar que la cuenta final superará ampliamente los 7,9 millones de euros que Ascán-Geaser tuvo que dejar en garantía cuando se hizo cargo del contrato. Es decir, que a la hora de hacer la liquidación, Santander no sólo se quedará con esa 'fianza', sino que recibirá un dinero adicional.

En cualquier caso, el recibo final que entregue el Ayuntamiento está supeditado a lo que digan finalmente los tribunales, donde parece esperable -por el golpe económico que supone para la compañía perder el contrato, que suma 17,5 millones de euros al año, el mayor de la ciudad- que acuda la empresa concesionario en caso de que el expediente siga adelante.

Esa liquidación no será automática, como ha ocurrido en otras ciudades en las que se han producido casos similares y se ha resuelto un contrato por causa imputable al contratista. El dictamen del Consejo de Estado precisa que esta «incautación automática y completa sólo es posible si así fue previsto expresamente en el pliego de cláusulas administrativas», algo que no ocurre en el contrato de basuras de Santander. Esto, lo que implica es que se alarguen los plazos de cobro, ya que hay que realizar un trámite intermedio (un procedimiento contradictorio) antes de recibir el dinero.