Santander impone 3.000 euros de multa por talar árboles sin licencia

El espectáculo de los árboles talados era escandaloso y a la vista de decenas de transeúntes que caminaban por el paseo. Tanto, que los agentes de la Policía Local procedieron a denunciar los hechos y pudieron identificar al autor del atentado contra la naturaleza. Como explicó el Ayuntamiento «se identificó al responsable de la tala, que se corresponde con la persona que solicitó y obtuvo la autorización del Ayuntamiento para los trabajos de limpieza, desbroce y poda en el jardín y que fue quien dirigió la tala de árboles». Se abrió «un expediente sancionador por el incumplimiento de la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana por una infracción calificada como muy grave y por la que se impuso a su autor una multa de 3.000 euros. Que ya ha sido pagada».

Sin embargo, el Ayuntamiento no quiso dar a conocer el nombre del sancionado o la empresa de jardinería a la que pertenece, en caso de que sea así. Ni tampoco al propietario de la finca, bajo el argumento de que sus identidades están protegidas por la ley de Protección de Datos. Los vecinos creen que los propietarios de la finca, denominada 'San Javier', son una familia residente en Madrid.

La finca en cuestión es una de las pocas del talud de Reina Victoria que está en manos privadas. Su actual propietario se desconoce. Ni siquiera los colindantes lo saben porque, como explicó ayer uno de ellos, «han pasado de mano en mano, de herencia en herencia. Y ya nos sabemos de quien es». Otros santanderinos identificaron la finca en origen como de doña Lucía Herrera Oria, hermana del famoso cardenal de la iglesia católica. Y explican que, «más tarde ha estado en manos de las familias Novo y Malo Macaya». Y otros informaron que en esta finca estuvo a punto de instalarse una residencia de ancianos, pero los promotores desistieron de hacerlo porque parte de la finca es propiedad del Estado y con concesión para uso privado desde hace décadas «y eso hizo desistir a aquellas empresas de instalarse allí». Abundaron los vecinos en que otras fincas son también del Estado y están en uso por concesión a entidades o familias, como al club de tiro de San Martín o la finca 'Los pataches', «en la que la mitad es de la familia Botín y el resto es terreno público de uso privado por concesión de Costas del Estado», explicaron.

Sea como sea, la finca, cuando fueron denunciados los hechos, en enero del año 2018, era una selva, entre la que se adivinaban los senderos de unos jardines «en los que jugábamos cuando éramos niños, entre los árboles y las pérgolas que ahora vuelven a verse después de que se hayan talado las palmeras y otras especies», explicó una santanderina que supera los sesenta años.

La citada finca de la Avenida de la Reina Victoria salió a subasta por la Agencia Tributaria en el año 2017 por importe de 1,4 millones de euros, informando que tenía una superficie de 4.052 metros cuadrados.