El Ayuntamiento inicia el proceso para licitar la cobertura sanitaria de un tercio de su plantilla

Esta parte de la nómina municipal votó en septiembre del año pasado continuar con la protección de una empresa y en contra de integrarse en el sistema de la Seguridad Social -como también se les ofreció- al terminar el convenio con Igualatorio Cantabria, y el equipo de gobierno local ha respetado su deseo.

Noelia San Emeterio, presidenta de la Junta de Personal del Consistorio, señaló a este periódico que elaborar este pliego técnico y administrativo «ha sido complejo» porque había que contemplar numerosas variables. Finalmente, el contrato saldrá licitación por alrededor de 46.000 euros al mes para lo que resta de 2018 y hasta el año 2023. Algo más de cinco años.

Dado que, en este periodo, se espera la jubilación de una parte de la plantilla a la que cubre, se estima que el contrato le costará al Ayuntamiento de forma global más de 1,9 millones. Cada ejercicio será menor el número de trabajadores a los que atender, ya que el colectivo es el que lleva desde mediados de los años 90 de relación laboral con el Consistorio y cada funcionario que se vaya jubilando pasará a las listas de la Seguridad Social.

En el pliego se establece que la empresa sanitaria que opte tendrá que ofrecer las mismas prestaciones que los empleados tendrían con la Seguridad Social. «Por eso se ha tardado en hacerlo, ya que es un contrato que hay que sacar muy bien atado», explicó San Emeterio, porque hay mucha letra pequeña. La propuesta municipal tiene que pasar ahora a la plataforma de contratación del Estado, ya que desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, el trámite se alarga.

Esta atención la venía prestando desde 1997 Igualatorio Cantabria, que el año pasado le comunicó al Consistorio su intención de revisar las condiciones económicas del convenio al término del mismo (en diciembre de 2017), alegando que las tarifas que se cobraban por empleado habían quedado «obsoletas», toda vez que la edad promedio de los atendidos va siendo alta: actualmente, es superior a los 55 años. Este grupo sanitario venía amparando a todos los funcionarios que ya se encontraban en activo a 31 de marzo de 1993, fecha a partir de la cual todos los empleados públicos de las Administraciones locales quedaron asumidos por el Régimen General de la Seguridad Social.

Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron que Santander estaba abonando una media de 47 euros por empleado y mes al Igualatorio cuando el precio de mercado por el que paquete de servicios que se oferta estaría en el entorno de los 60 euros.

El director general del grupo sanitario, Pablo Corral, confirmó en septiembre que el acuerdo se estaba sosteniendo «con primas muy por debajo de las que corresponderían por edad y coberturas». No obstante, Corral también subrayó la voluntad de la empresa de continuar con esta prestación y de presentarse al concurso público.

Este asunto lleva ya casi un año y medio dando vueltas entre los afectados. El mes que viene se cumplirá un año de la consulta convocada en el Ayuntamiento, que fue supervisada por la Junta de Personal, cuyo objetivo era preguntarles por sus preferencias sobre el futuro de su cobertura médica. Respondieron, con su voto en unas urnas, el 80% de los funcionarios con derecho y, en su gran mayoría (el 93%) se pronunció por continuar en un sistema mutualista y no pasar al sistema general de la Seguridad Social, una opción por la que sólo votaron 15 de los consultados.

La pregunta fue autorizada por la alcaldesa Gema Igual, que había analizado la situación con los sindicatos en una Mesa General de Asuntos Comunes y se comprometió a asumir sus decisiones.