El Ayuntamiento inicia los trámites para crear el tribunal económico que exige la ley veinte años después

El Ayuntamiento de Santander, por su condición de capital de provincia y su tamaño, tendría que disponer desde 2003, como todas las ciudades de similares características, de un TEAM. Un órgano externo -sin ser una vía judicial y aunque forma parte de la estructura del Consistorio, su forma de funcionar le dota de cierto grado de independencia- al que los ciudadanos puedan recurrir sin coste en caso de que no estén de acuerdo con una multa o con el importe de un impuesto. Dos décadas después de que entrara en vigor la ley nacional que obliga a su creación, la falta de acción de la ciudad ha provocado que el Tribunal Supremo ponga en cuestión toda la recaudación de este periodo.

Un asunto que Igual ya calificó de «preocupante», porque puede suponer que el Alto Tribunal declare ilegal todo el dinero que ha entrado en las arcas locales, con consecuencias aún inciertas. En el peor de los casos puede desembocar en una futura cascada de reclamaciones que, según apuntaron los propios informes jurídicos locales, generaría una situación «gravemente dañosa para los intereses del Ayuntamiento de Santander». Un auténtico «callejón sin salida» y un escenario sin precedentes ni en Cantabria ni en España.

Pese al enredo legal, la recaudación millonaria de estos casi veinte años «no está en riesgo». O eso es al menos lo que entiende la alcaldesa, quien trató de justificar la decisión del Ayuntamiento -no suya, porque esta anomalía viene de los mandatos de Gonzalo Piñeiro e Íñigo de la Serna- de no constituir este órgano, que es potestativo para las localidades pequeñas pero obligatorio para las del tamaño de Santander. «Durante todo este tiempo no se ha creado porque no se ha sentido la necesidad de hacerlo. Sin constituirlo no había ninguna indefensión para los santanderinos porque tenían otros mecanismos sustitutivos como es el recurso de reposición. Crear este organismo tiene un coste económico para algo que ya se está haciendo de manera interna», apuntó la alcaldesa a principios de este mes, cuando se dio a conocer la anómala situación.

Lo ocurrido en torno al TEAM unió una vez más -como con las comisiones de investigación- a la oposición, quienes pidieron que se convocase un Pleno urgente para crear este organismo. Todos los partidos -PSOE, PRC, UxS y Vox-, que representan a 14 de los 27 concejales, solicitaron la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para exigir su creación.

La moción conjunta de la oposición puso de manifiesto que Santander es la única capital de provincia que no cuenta con este organismo «que sirve de garantía para la ciudadanía y las empresas, al que pueden acudir si están en desacuerdo con el cobro de alguna multa, impuesto, o tasa». Para los grupos, el PP no sólo ha incumplido la ley, sino que ha desoído desde 2003 la advertencia del Ministerio de Hacienda y «ha colocado a las arcas municipales en una situación de máxima gravedad e inseguridad jurídica si, finalmente, el Alto Tribunal falla en contra del Consistorio tras el recurso planteado por una compañía de seguros».

En el texto de la moción, recuerdan que en la Ley de Bases de Régimen Local de 1987, y concretamente con la reforma que se efectuó en 2003, se establece la obligatoriedad de ponerlo en marcha. Veinte días después de su petición, se celebra hoy el Pleno extraordinario que la oposición exigía y que servirá para dar los primeros pasos en la conformación de este tribunal obligatorio.