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Hace casi dos años que el reglamento de circulación a nivel estatal se modificó para limitar la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas de un carril por sentido y a 50 en aquellas que tuvieran dos carriles o más por ... sentido. Santander no tardó en proclamarse 'Ciudad 30', pero no es habitual cruzarse con controles que garanticen que la norma se cumpla. Aunque el concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda (PP), defiende que «2021 fue el año que más controles de velocidad se realizaron, con 157 radares y 343 vehículos sancionados», el resto de grupos no considera que sea suficiente.
Por eso, Unidas por Santander (UxS) ha defendido este jueves en el Pleno una moción en la que pedía un plan de pacificación del tráfico y la colocación de radares fijos (y móviles, añadió el PP con una transaccional) para garantizar el cumplimiento de las normas y mejorar así la seguridad vial.
En concreto, el concejal de UxS, Miguel Saro, defendió con su propuesta que se elaborase un plan de pacificación del tráfico «que diseñe medidas de calmado de tráfico específicas para cada tipo de vía urbana» y que se redacte un plan de instalación de radares de velocidad fijos y móviles sobre las vías 50 urbanas «más peligrosas», previo estudio sobre el respeto a la velocidad máxima de sus usuarios y su uso por otros modos de movilidad urbana, como la bicicleta y los patinetes. Todos los grupos (PP, PSOE, PRC y Cs) han apoyado su propuesta menos el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, quien considera que reducir la velocidad «genera más atascos, daña más a los coches y contamina más».
Como ha afirmado Saro, «los únicos radares fijos existentes son solo informativos, y algunas de las vías limitadas a 50 en nuestra ciudad son auténticas 'pistas de carreras' con pocas limitaciones físicas y ninguna medida de calmado de tráfico, que facilitan que los vehículos superen con creces la velocidad máxima permitida».
En su turno de palabra, Javier Ceruti (Cs) apuntó que la moción va en la línea del Modelo de Ciudad que impulsa desde la Concejalía de Urbanismo y lamentó que, a pesar de que hay señales que marcan la velocidad máxima, «no se respetan». Por eso considera que la medida será positiva para «cruzar sin arriesgarnos y transitar con seguridad. No hay que ser un genio para ver que la velocidad máxima no se cumple y que cuando vas a 30 generas mal rollo en los coches de detrás. Las normas no son caprichosas, a 50 no da tiempo a reaccionar en vías de un carril por dirección».
Desde el PRC, el concejal Jesús Goñi también expuso su intención de apoyar la moción, ya que su grupo iba a defender una propuesta en la misma línea, sobre la seguridad en los pasos de peatones. El socialista Javier González de Riancho destacó que muchas de las mociones que se debaten en el Pleno giran en torno a la movilidad y expuso que esta, que «es sencilla», contaría con su apoyo. Entre los principales problemas, el del PSOE destaca la «confrontación» que existe entre los distintos modelos de movilidad. «Entre el peatón y las bicis, las bicis con los coches, los coches con las motos… La pacificación del tráfico es urgente, el Gobierno de España ya marcó la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora para que as bicicletas pudieran ir por la calzada y evitar el conflicto con los peatones en las aceras. Aquí vendieron humo, prometiendo una 'Ciudad 30', bajar a 40 en las vías dos carriles, solo la s-20 a 50... Ni se ha vigilado ni se ha cumplido».
La moción del PRC para pedir un estudio de los pasos de peatones de la ciudad para mejorar su seguridad fue respaldada por toda la Corporación. La primera parte del planteamiento recapituló los atropellos recogidos en prensa desde que arrancó el 2023. Un hombre de 57 años atropellado el 1 de febrero en General Dávila, una menor de 14 años atropellada el 31 de enero en la calle Guevara, una joven de 27 años atropellada en San Fernando el 24 de enero, un hombre de 86 años fallecido tras ser atropellado en Peñacastillo el 21 de enero y una mujer de 69 atropellada en Los Ciruelos el 6 de febrero. «Prácticamente un atropello por semana», lamentó Goñi.
Por eso, con su moción –aprobada por unanimidad– pidió que se estudiase y analizase la situación de seguridad de los diferentes pasos de peatones de la ciudad y, de forma prioritaria, aquellos que presenten un mayor índice de siniestralidad, así como aquellos que se encuentren en las cercanías de colegios, parques y centros de salud y ocio. La petición también recogía que de dicho estudio se extraigan las acciones necesarias a implementar en los pasos de peatones que sea necesario, realizando un plan definido de prioridades a fin de corregir a la mayor brevedad posible las deficiencias apreciadas. Aunque todos apoyaron la moción, el socialista González de Riancho consideró que solucionarlo consistía más en un «trabajo de campo»: revisarlos sobre el terreno e ir solucionando los problemas que dan. Por su parte, Nalda aseguró que «la Policía Local ya analiza la evolución y las necesidades de los pasos de cebra» y añadió que también se atienden las observaciones y quejas de los vecinos.
Aunque la moción de Vox sobre la Policía Local se enfocaba en aumentar su presencia en las zonas de Santander donde se producen más robos, el debate se centró, sobre todo, en los problemas que dan las emisoras. Además, hasta el salón de plenos se desplazaron este jueves representantes sindicales de la Policía Local para protestar, justamente, por ese mal funcionamiento de las emisoras, que dan fallos de comunicación en algunas zonas de la ciudad.
Tras el debate, la Corporación dio el visto bueno a la moción de Vox, aprobada con una transaccional del PP, de forma que la propuesta respaldad en el Pleno aboga por apoyar con la Policía Local y en coordinación con la Policía Nacional (como competente en el ámbito de la seguridad ciudadana), la presencia en barrios y lugares de la ciudad donde se vienen registrado robos y otros incidentes. La iniciativa contó con el respaldo de PP, Cs y Vox y las abstenciones de PRC y PSOE, pues el concejal de Unidas por Santander (UxS) no se hallaba en la sala durante la votación. Aunque el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, aseguró que los robos y la falta de seguridad crecen en la ciudad, el concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda, lo negó: «Santander sigue siendo una ciudad segura».
Las emisoras centraron buena parte del debate. PP y Cs (responsable, este último, de Innovación), afirmaron que «no se ha escatimado» en la realización de trabajos como redoblar los receptores y antenas. El portavoz de Cs, Javier Ceruti, expuso que el sistema actual se ha mejorado con inversiones y la cobertura «es mucho mejor», aunque no llega al 100%, «pero mejorará cuando se instale una última antena, para lo que se está a esperando el permiso del edificio donde se ubicará». Concretamente, en la azotea de la Policía Nacional.
Nalda sostuvo que «no es una decisión política cambiar el sistema de emisoras si no hay un informe técnico que lo avale» y explicó que el sistema que tiene Santander «funciona» en otras ciudades, como Logroño. Si siguen sin funcionar, «habrá que tomar una decisión más drástica».
El Ayuntamiento anunció la semana pasada que promoverá la construcción de seis edificios, con más de 300 viviendas en total, en El Alisal. Serán VPO (viviendas de protección oficial) y queda por determinar cuántas se venderán y cuántas se pondrán en alquiler con opción a compra. La intención del PSOE, como ha defendido este jueves en el Pleno, es destinar el 100% al alquiler sostenible, ya que «no hay oferta suficiente» y eso garantizaría que los bienes siguen siendo propiedad del Ayuntamiento y que, cuando los inquilinos mejoren su situación económica, pueda beneficiarse otra familia. Sin embargo, la moción no salió adelante y recibió 13 'noes' (PP y Vox), 10 'síes' (PSOE, Cs y UxS) y 5 abstenciones (PRC).
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