El Ayuntamiento litigará contra el Gobierno por el convenio con Caja Cantabria

Tras la revocación del convenio, el Consistorio inició la reclamación de esa cantidad a las administraciones regional y nacional al entender que el PGOU fue anulado por una «causa externa»: la anulación del bitrasvase por su «deficiente» evaluación ambiental. A principios de agosto, el Gobierno regional desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial y no ha sido hasta ahora cuando el Ayuntamiento se ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales. El Consistorio aprobó ayer litigar en la Comisión de Desarrollo Sostenible con los votos a favor de PP, Cs y Vox y la abstención de PSOE, PRC y Unidas por Santander. También ejercerá acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por «la presunta desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas hacia ellos».

Como consecuencia de la anulación del Plan General, el Consistorio alcanzó un acuerdo con Caja Cantabria para devolverle los 6,9 millones de euros en varias anualidades. La primera fue en 2017 por 940.000 euros, en 2018 se abonaron dos millones de euros y el resto en otras anualidades hasta 2023.

Los concejales de Fomento, César Díaz; Urbanismo, Javier Ceruti; y Medio Ambiente, Margarita Rojo, expusieron en la Comisión las líneas de trabajo de sus respectivas áreas. Durante su intervención, Díaz subrayó que se prestará especial atención a las zonas de El Cabildo, Río de la Pila, La Albericia y las laderas norte y sur de General Dávila, además de seguir desarrollando el Frente Marítimo y mantener el ritmo inversor actual «que se concreta en 30 actuaciones que suman casi 60 millones de euros de inversión». En lo que respecta a Vivienda, el edil incidió en que se seguirán promoviendo viviendas de calidad a un precio asequible para las familias con menos recursos, apostando por el alquiler con opción a compra.

Ceruti hizo hincapié en situaciones urbanísticas como la generada en la finca de La Enseñanza, en donde según ha subrayado «las conversaciones con la propiedad y con la promotora que va a desarrollar el proyecto están siendo fructíferas y nos hacen ser optimistas». El edil considera que si se acepta lo propuesto desde su Concejalía, el proyecto podría empezar a ser una realidad a mediados del próximo año «con un acuerdo que respeta los derechos adquiridos por la propiedad y en el que Santander conseguirá mejorar la conexión y la calidad de vida de los barrios de Vía Cornelia y Vista Alegre».