El Ayuntamiento plantea la rescisión del contrato de Jardines por los «reiterados incumplimientos» de Légamo

La empresa gallega que se encarga del servicio de conservación y limpieza de la infraestructura verde de Santander comenzó a trabajar en la ciudad en mayo de 2023, tras hacerse con un contrato de 12,5 millones de euros anuales y una duración de cuatro años. Resultó ser la adjudicataria tras un proceso de licitación marcado por la polémica. Y es que, a pesar de que el Ayuntamiento llegó a adjudicar el contrato en diciembre de 2022 a Légamo, el proceso se paralizó tras los recursos que presentaron otras dos de las empresas concursantes ante el Tribunal Administrativo Central, que finalmente fueron desestimados. Un año y medio después de empezar a trabajar, la polémica envuelve de nuevo a uno de los grandes contratos municipales.

La concejala de Medio Ambiente justificó esta actuación al entender que su «obligación es velar por el dinero público y, por ello, el nivel de exigencia con los contratos municipales es el máximo». Es por eso que, una vez aprobados ambos trámites en la Junta de Gobierno Local, se dará traslado a Légamo de los informes emitidos por el responsable del contrato tanto para la propuesta de multa como para la resolución del contrato. La empresa dispondrá de un trámite de audiencia de diez días para presentar alegaciones. «El equipo de gobierno ejerce su responsabilidad adoptando las decisiones pertinentes en base a los informes técnicos para que los servicios se presten tal y como establecen los contratos», añadió Rojo, que defendió el trabajo realizado en Medio Ambiente respecto a este servicio. «Desde el momento uno de la firma del contrato se han adoptado todas las medidas para garantizar la prestación del servicio con los máximos estándares de calidad, dando también la posibilidad a la empresa de que rectifique en el plazo establecido», comentó en referencia a la sanción que impuso el equipo de gobierno del PP a Légamo el pasado noviembre también por incumplir el contrato.

Fue a finales de agosto cuando el Ayuntamiento informó de que había iniciado un expediente para sancionar a Légamo tras detectar doce infracciones relacionadas con la maquinaria, que suponían 77.000 euros. Finalmente, se estimaron parcialmente las alegaciones presentadas por la adjudicataria y la sanción, que fue definitiva el pasado noviembre, descendió hasta los 48.507 euros. Ya en agosto, la alcaldesa, Gema Igual, se pronunció sobre este primer desencuentro con la encargada de Parques y Jardines. Y lo hizo para restar importancia. «Suele ser habitual que las empresas nuevas no tengan todos los medios, sobre todo los técnicos, desde el primer momento, porque hasta que no ganan un concurso o licitación no los contratan y adquieren». Aun así, insistió en que la «obligación» del Ayuntamiento es «no pagar por lo que no se ha disfrutado y no puede haber en este sentido casos diferentes, sino que tienen que ser todos iguales».

Con los dos nuevos expedientes iniciados, queda en evidencia que los problemas no se quedaron en un simple inconveniente habitual. Ahora está por ver si, una vez concluyan los diez días hábiles que tiene la empresa para presentar alegaciones, el equipo de gobierno las acepta y la sanción se limita a una multa económica o afecta al contrato suscrito. «Seguimos trabajando por conseguir unos servicios públicos de calidad para los santanderinos y no vamos a cejar en nuestro empeño, por mucho esfuerzo y trabajo que conlleve», concluyó Rojo.