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En 2010 se derribó la última parte del edificio que quedaba en pie tras la demolición del resto de naves del que fuera el matadero de Canfrisa, ubicado en Cajo. Ahora, trece años después de esa actuación, el Ayuntamiento de Santander ha retomado ... el proyecto urbanístico del área, que incluye los terrenos de las instalaciones de Frigoríficos del Cantábrico S.A. y tres parcelas más. En concreto, los propietarios han reanudado el desarrollo del suelo en base a lo que ya estaba previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 y que continúa en vigor en la capital cántabra. Y por eso, para avanzar en el desarrollo del área y que se pueda edificar en la parcela, el Consistorio ha aprobado -a petición del propietario de ese solar- iniciar el expediente para determinar quiénes son los ocupantes de esas tres viviendas envejecidas (sitas en la calle Cajo números 27, 31, 33) que son, actualmente, los únicos edificios que permanecen en la punta noroeste. Un trámite que se deberá notificar a las personas afectadas para que puedan acreditar que les corresponde ese derecho o renunciar al mismo. En todo caso, la carga correrá a cargo del beneficiario de la actuación, que es la Junta de Compensación, compuesta por el propietario mayoritario.
Se trata de un paso más antes de llegar al objetivo último de los propietarios de la parcela, que es construir un «equipamiento asistencial» en ese espacio. Al menos esas son las palabras literales recogidas en el estudio de detalle -otro trámite obligatorio en la gestión- publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del pasado 9 de enero. ¿Pero qué significan? En concreto, que en el área específica 122.3 de la ciudad (uso residencial), según el PGOU del 97, se construirá una residencia de personas mayores que estará rodeada por un «enorme jardín» que podrán disfrutar los usuarios del nuevo servicio.
El estudio se lleva a cabo para ordenar cuáles son los puntos urbanísticos básicos a tener en cuenta antes de poner en marcha cualquier actuación. Un análisis que, entre los años 2006 y 2010, se tramitó por la entonces propiedad del terreno pero que, a pesar de las modificaciones, parece que no llegó a buen puerto. Ahora, el nuevo documento obliga a considerar varios aspectos. Como, por ejemplo, que el área debe ceder un mínimo de 2.556 metros cuadrados de espacios libres de uso público. Una pequeña parte de su superficie total, que es de 17.795 metros cuadrados.
Eso por un lado. El documento también indica que se podrán construir, como máximo, 142 viviendas. Y plantea que la zona en cuestión está al lado de una vía de ferrocarril por lo que se deben respetar las medidas de separación de las mismas. Una serie de condicionantes que se deben concretar de cara a los trabajos futuros. En este sentido, otro de los objetivos del proyecto será, también, conectar la carretera N-611 (al norte) con la calle Eduardo García del Río (al sur).
El terreno en cuestión se encuentra en el barrio santanderino de Cajo, en una zona que al noroeste limita con un amplio complejo industrial. Pero que, en compensación, está rodeada al otro lado por dos enormes extensiones verdes: el parque del Doctor Morales y el parque de La Remonta. Así, cada paso en este espacio es «una gestión urbanística previa (y necesaria) para poder conceder la licencia de obra», explica el concejal de Fomento en funciones, César Díaz.
Elaborar y aprobar el estudio de detalle es un trámite. Igual que también lo es contar con «un proyecto de compensación», asumido por los propietarios de la finca, en favor de los afectados por el desarrollo urbanístico del área específica.
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