El Ayuntamiento de Santander agota el plazo para resolver el contrato de Jardines y el expediente caduca

El Consistorio también se pronunció ayer sobre el segundo de los expedientes referido a las infracciones -respaldadas en ocho informes técnicos-. En su resolución, la Junta de Gobierno Local aprueba estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa e imponer penalidades por valor de 65.500 euros, que no se abonarán a la empresa, por «incumplir las obligaciones contractuales».

La concejala del área, Margarita Rojo, explicó que el informe detalla «cada uno de los incumplimientos detectados, con la indicación de las cláusulas del contrato en cuestión y las penalidades que procede imponer según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares». Tras la apertura del expediente, el Ayuntamiento dio traslado a Légamo de este informe y abrió el correspondiente trámite de audiencia para que la empresa formulara las alegaciones oportunas.

Desde el Consistorio justifican la caducidad de este procedimiento. «Se produce en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración cuando ha transcurrido el plazo legalmente estipulado para resolver y notificar el procedimiento, en este caso tres meses, computado ese plazo desde que se acuerde el inicio del procedimiento hasta la notificación de su resolución».

Aunque no descartan que pueda volver a iniciarse. «Se declara la caducidad de la acción de resolución del contrato sin perjuicio de poder iniciar un nuevo expediente en el caso de que resulte procedente». Eso sí, añaden, para «resolver expresamente hay que iniciar un nuevo procedimiento en el que deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado, teniendo igualmente tres meses hasta resolver y notificar».

Hay que recordar que el pasado diciembre, tras conocerse que el Ayuntamiento planteaba la rescisión del contrato, la alcaldesa Gema Igual aseguró que no le temblaría la mano si tenía que hacerlo. La regidora explicó que era una decisión tomada en base a los informes elaborados por los técnicos municipales, «no por políticos», y que se aprobó en la Junta de Gobierno Local para «poner en aviso» a la adjudicataria por no cumplir con lo pactado en el contrato de forma «reiterada».