El Ayuntamiento de Santander cambia de puesto al policía local investigado por revelar secretos

Aunque todavía no ha recibido notificación oficial sobre las diligencias que se están siguiendo, desde el Ayuntamiento, «respetando la presunción de inocencia», ha procedido, como medida cautelar, a la reasignación de destino del agente, es decir, a un cambio de puesto, hasta que se depuren las responsabilidades que eventualmente correspondan. Además, según informaron desde el Gobierno local, «en el momento en que se conozcan datos oficiales se valorará la posibilidad de iniciar un procedimiento disciplinario correspondiente».

Lo que ha trascendido hasta el momento es que en el marco de la 'Operación Límite', el Grupo de Estupefacientes tuvo conocimiento el pasado septiembre de que un hombre podría estar dedicándose a la venta y distribución de cocaína, tanto en Santander como en otros municipios de Cantabria. Dicha persona contaba con una amplia cartera de clientes, a su vez distribuidores a menor escala, que en algunos casos también actuaban simultáneamente como clientes y consumidores.

La Policía realizó varios avances en la investigación que tenían que ver con la relación personal que el principal sospechoso mantenía con su expareja. Gracias al estrecho seguimiento realizado, los agentes tuvieron conocimiento de que el cabecilla intentó contratar los servicios de un tercero, con el fin de extorsionar a su expareja. Ante este hecho, los agentes centraron su actividad sobre esta mujer para garantizar su seguridad, ante la posibilidad de que pudiera sufrir algún tipo de agresión o asalto por parte de este individuo o personas dirigidas por él.

El avance de la investigación permitió a la Policía Nacional detectar la figura del policía local de Santander que «asesoraba e informaba» al sospechoso principal, una relación en la que el agente se extralimitaba en las informaciones y datos que facilitaba supuestamente al principal sospechoso.

Esta operación se saldó con la detención del agente y otras seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, de entre 44 y 66 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. El Juzgado de Instrucción Nº3 de Santander, encargado del caso, dejó en libertad a todos menos al cabecilla.

Aunque todavía es pronto para conocer las consecuencias penales a las que se puede enfrentar este policía, el artículo 417 del Código Penal recoge que la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de esa revelación resultara grave daño para la causa pública o para terceros, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación de tres a cinco años.