El Ayuntamiento de Santander deberá pagar el 10% de los daños por el derrumbe de Nueva Montaña

Así lo establece en una sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que condena al Consistorio santanderino al estimar parcialmente el recurso de Gesvicán contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander, que en su momento desestimó el recurso de la constructora contra el Ayuntamiento al considerar que el aporte de tierras para la construcción de un parque público no fue la causa del siniestro.

Ahora, la Sala coincide con la juzgadora de instancia en que el relleno realizado por el Ayuntamiento no fue determinante para el colapso del terreno, pero sí considera que el Consistorio es corresponsable porque aprobó el modificado del proyecto que alteró la seguridad constructiva «produciendo una entrega prácticamente sin margen alguno de maniobra en el exterior».

A su entender, «es el Ayuntamiento el que aprueba este modificado prácticamente finalizadas las obras, proyecto que es el que introduce los déficits de resistencia y rebaja el coeficiente de seguridad de manera inaceptable». Y entonces recepciona las obras «sin objeción alguna, sin mayores análisis ni comprobaciones, y procede a desarrollar las obras lúdico-deportivas del parque previstas en el proyecto original cuando ha aceptado la rebaja de seguridad en el modificado».

Para el tribunal, «esta forma de actuar es la que no se adapta a la diligencia exigible a la administración, que aprueba el proyecto y recepciona las obras ignorando el alcance de las modificaciones». En definitiva, el Ayuntamiento santanderino recibe la obra sin llevar a cabo «una mínima comprobación sobre los niveles de seguridad, cuando había permitido que estos se rebajaran hasta prácticamente su agotamiento», y luego «interviene y practica la urbanización sin estudio o análisis alguno».

Por tanto, el tribunal entiende que el Consistorio debe contribuir a la responsabilidad en el siniestro, y lo cuantifica en un 10% de 1.039.323 euros, que es la suma total de las facturas aportadas por Gesvicán excluyendo algunas que figuran duplicadas o son inconcretas.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso no es firme, ya que contra ella cabe recurso de casación por interés casacional que resolvería el Tribunal Supremo.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha responsabilizado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de la condena, y ha condenado la “negligencia” del PP, por “la falta de controles en la recepción de la obra modificada que rebajó al mínimo la seguridad”. “La sentencia del TSJC contradice la versión del Partido Popular, que por boca de la alcaldesa y del actual presidente del Puerto y anterior concejal de Obras, César Díaz, pretendió hacernos creer a los santanderinos que el Ayuntamiento no había tenido ninguna responsabilidad en el derrumbe de Nueva Montaña”, ha explicado el portavoz socialista.

Sin embargo, como subraya el PSOE, la sentencia del tribunal pone “blanco sobre negro” la “negligencia del PP al frente del Ayuntamiento”, que recibió un modificado de obras “sin objeción alguna, sin mayores análisis y sin una mínima comprobación sobre los niveles de seguridad, tras permitir que estos se rebajaran hasta prácticamente su agotamiento”.

Así, recalca Fernández, y siempre según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que la forma de actuar del equipo de Gobierno municipal del PP “no se adaptó a la diligencia exigible a la administración” al “aprobar la rebaja de seguridad y recepcionar las obras ignorando el alcance de las modificaciones del proyecto inicial”.

Por último, y tras “ignorar” los riesgos, el PP procedió después a desarrollar las obras lúdico-deportivas del parque en superficie previstas en el proyecto original “tras haber aceptado la rebaja de seguridad que implicaba el modificado”.

En consecuencia, Fernández apunta la responsabilidad de la alcaldesa como “máxima responsable del equipo de Gobierno”, tanto al aprobar el modificado que rebajó la seguridad, como por la falta de control de la recepción de la obra, la actuación posterior del parque en superficie y las consecuencias económicas de la sentencia. “Es una nueva hipoteca que nos deja a los santanderinos la nefasta gestión de Gema Igual, a sumar a las sentencias de las basuras, de parques y jardines o de la anulación del Plan General”, ha denunciado Fernández.

El portavoz socialista ha recordado que Igual incumplió su promesa de exonerar a los afectados del pago del IBI de sus garajes, que no han podido utilizar durante años, y finalmente articuló una subvención irrisoria de 50 euros a la que los vecinos no se acogieron porque no compensaba tanto trámite para además tener que incluirlo en sus declaraciones de la Renta”. Por último, ha urgido a la alcaldesa y al Gobierno de Cantabria del PP a “resarcir inmediatamente a todos los afectados”.

Por su parte, el equipo de gobierno del PP informó a través de su gabinete de que el Servicio Jurídico está estudiando la sentencia para recurrirla ante el Supremo. «El análisis provisional por parte del Servicio Jurídico apunta a la preparación de un recurso de casación frente a esta sentencia puesto que el objeto único de examen por parte del Ayuntamiento o de cualquier otra entidad local, en el momento de otorgar una licencia o de la modificación de un proyecto de obra (al que se ciñen las competencias municipales), es la adecuación urbanística de ese proyecto (es decir, los parámetros urbanísticos de la obra), sin entrar a examinar, ni ser responsable de otros extremos, como son los cálculos estructurales, de los que se hace responsable el redactor del mismo y que cuentan con el visado del Colegio profesional.