El Ayuntamiento de Santander sanciona a la empresa de Parques y Jardines con 50.000 euros

Esta sanción es la primera que efectúa el Ayuntamiento desde que adjudicó el nuevo contrato para un servicio que ya se ha visto envuelto en la polémica en otras ocasiones, también por supuestos incumplimientos de la anterior adjudicataria, la UTE Urbaser-Contratas Piñera, que incluso llevó su conflicto con el Consistorio a los tribunales, donde se estimó hace un año que el equipo de gobierno del PP debía devolver más de 2,2 millones de euros (más los intereses) a la anterior concesionaria.

La concejala de Medio Ambiente y primera teniente de alcalde, Margarita Rojo, fue la encargada ayer de dar explicaciones sobre el asunto de Légamo, que se trata de la «finalización de un trámite administrativo, como resultado de incumplimientos parciales o defectuosos de las condiciones técnicas establecidas en el contrato, detectadas durante los primeros meses de la prestación del servicio, atendiendo a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que lo rige». Según Rojo, el informe detalla cada uno de esos incumplimientos detectados por el responsable del contrato, con la indicación de las cláusulas del contrato incumplidas y las penalidades que procede imponer según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para los casos de incumplimiento, cumplimiento defectuoso y demora.

Durante este proceso, añadió Rojo, se estimaron parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa y finalmente la cantidad que debe abonar Légamo es inferior a la estimada el pasado agosto. Además, la concejala detalló que desde el equipo de gobierno del PP ya se ha notificado a la adjudicataria el acuerdo junto con el informe emitido por el responsable del contrato.

Al igual que hace cuatro meses, la edil defendió la forma de actuar de su equipo e insistió en que este expediente es «un ejemplo más de la responsabilidad y buen hacer» del Ayuntamiento, que «mantiene la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la Administración local para la prestación de los diferentes servicios». Es por eso que, añadió, se están adoptando todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica «para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad».

Cabe recordar que fue la propia alcaldesa, Gema Igual, la que, el pasado agosto, cuando se dio a conocer la noticia, reconoció que «suele ser habitual que las empresas nuevas no tengan todos los medios, sobre todo los técnicos, desde el primer momento, porque hasta que no ganan un concurso o licitación no los contratan y adquieren». Aun así, insistió en que la «obligación» del Ayuntamiento de Santander es «no pagar por lo que no se ha disfrutado y no puede haber en este sentido casos diferentes, sino que tienen que ser todos iguales».