Las 'bocaterías' ganan la batalla a Santander

Este permiso otorga a los negocios la libertad de poder abrir las 24 horas, sin superar las 70 horas semanales, y les permite no tener que ajustarse a la nueva normativa de horarios que ha introducido el decreto para establecimientos y espectáculos públicos.

Esto significa que han quedado archivadas la mayoría de las actas de denuncias levantadas por la Policía Local durante las noches de los fines de semana del pasado mes de noviembre y diciembre, en un intento de obligar a los negocios de 'bocaterías' a adelantar el cierre a las dos de la mañana en invierno y las tres de la mañana en verano. Pero sólo quedan impunes los negocios con licencia comercial.

De esta forma, muchos de los establecimientos que fueron multados respiran tranquilos, ya que no tendrán que hacer frente a las elevadas cuantías que iban a tener que asumir por oponerse a cerrar, y a las que se sumaban otras sanciones impuestas por desacato a la autoridad. «Todo ello nos iba a hacer cerrar los negocios para siempre, bien por no poder hacer frente a ese pago, o de hacerlo, por no poder levantar el negocio después», aclaró Mabel García, de Bocatería Zampabollos.

Las cuantías de las sanciones dependen de su tipificación: las leves van de 150 a 600 euros y las graves, desde 601 euros a 30.000 euros.

Según informó ayer el Ejecutivo cántabro a este periódico, el Gobierno ha registrado 14 denuncias del Ayuntamiento. «Se trata en todos los casos de establecimientos con licencias de comercio, no de bocaterías. Debido a ello, el Ejecutivo procederá a su archivo por no ser objeto del decreto de horarios y, en consecuencia, no es competente para incoar ni sancionar», explicó.

«Solo una de estas denuncias está pendiente de aclarar cuál es su licencia», -continuaron fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia-, y se añadió que «sobre esta denuncia se ha solicitado al Ayuntamiento un informe de licencia para clarificar ese extremo y en el caso de que tenga licencia de comercio también se procederá a su archivo». Ante la paralización de las denuncias, el Ayuntamiento ha explicado que «una vez realizada la consulta al Gobierno de Cantabria respecto al decreto de horarios, han aclarado al Ayuntamiento que no es de aplicación para este tipo de establecimientos, por lo que la Policía Local ha dejado de denunciar por este concepto».

En cuanto al Ayuntamiento de Torrelavega, han llegado al Ejecutivo cinco denuncias, «que sí se van a incoar en este caso como infracción de horarios porque tienen licencia de bocatería, con lo cual están dentro del objeto del decreto de horarios autonómico e informa que el plazo legal para tramitarla desde su incoación es de seis meses».

El primer asalto de esta batalla librada con el Ayuntamiento lo han ganado las 'bocaterías' con licencia comercial. Pero no finaliza aquí el problema, ya que los afectados reclaman «responsabilidades patrimoniales» por las pérdidas económicas ocasionadas ante el cierre y ante la confusión de la Policía y del Ayuntamiento al aplicar un decreto del que no eran objeto.

Los dueños de los negocios afirman que cuando la Policía acudió de manera reiterada a obligar el cierre de los negocios lo hicieron «con intimidación y coacción, amenazándonos con denunciarnos por desacato a la autoridad».

«Algunos estábamos seguros de no tener que cerrar porque conocíamos lo que nuestra licencia permite, pero teníamos miedo por la intimidación y acoso policial», explicó la propietaria de Zampabollos, quien defiende que su establecimiento funciona desde hace más de veinte años sirviendo comida y pan recién hecho, «con licencia de panadería-pastelería y maquinaria para ello». «Nos hemos querellado contra el Ayuntamiento y el Concejal de Policía porque han cruzado una línea».

«El cierre nos ha supuesto tirar comida y no generar ventas, pero tenemos que pagar un alquiler, a los empleados y otros gastos. He cerrado 15 días y no he podido pagar el alquiler este mes», explicó Elena Maneiro, propietaria del Horno de Cañadío. «Ha habido ensañamiento por parte del agente que entraba en mi negocio tres o cuatro veces por semana y me preguntaba delante de los clientes si 'esta tortilla era del día' con muy malas formas. Su función es revisar, pero no acosar», opinó Maneiro.

«Ha sido un mes horroroso, he llorado mucho y no he abierto varios fines de semana porque sentía miedo de hacerlo y me entraba taquicardia. Soy de Rumanía y desacato me sonaba a un delito muy grave. Hemos sufrido una falta de información por parte del Ayuntamiento y total indefensión», explicó Nicoleta Bran, de La Selecta.