Tenso debate en el Pleno a costa de la investigación del contrato de basuras

Así comenzó un bronco debate sobre el contrato de basuras y el estado de «suciedad» de Santander. «Hablamos de allanamiento a una demanda de 11 concejales del Partido Popular, de los cuales tres ni siquiera lo siguen siendo, contra un acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento», explicó el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, para quien el equipo de gobierno «evita la comisión de investigación para eludir asumir responsabilidades políticas, quién sabe si también penales». El portavoz socialista cree que el polémico contrato de basuras es una «verdad incómoda» para el PP que, a través de «maniobras oscuras», pretende ocultar información a los santanderinos.

Por su parte, Vox ha recusado a siete concejales del PP firmantes de la demanda contra la modificación de la norma que había logrado la oposición, y que este jueves votaron a favor del allanamiento. A su juicio, este acto es contrario al Reglamento del Pleno, que recoge que «los concejales que tengan un interés personal o particular o alguna cuestión litigiosa pendiente se tendrán que abstener de las deliberaciones o incluso ausentarse el Pleno», explicó Ángel Madariaga, concejal de Vox.

El portavoz del PRC, Felipe Piña, tildó de «peripecia jurídica» el acuerdo al que ha llegado el PP. «Desde el punto de vista jurídico se pueden dar muchas vueltas. Pero lo que ha ocurrido tiene muy poco que ver con la transparencia y se aleja mucho de lo que es un acto democrático», comentó. En la misma línea se encuentra su homólogo de IU-Podemos, Keruin P. Martínez. « Hay muchos puntos oscuros que es imprescindible conocer porque implican la calidad de vida y el dinero de los vecinos».

Mientras el portavoz popular, César Díaz, ha subrayado que los acuerdos se toman «respaldados por informes». Además, acusó a los grupos de la oposición que aprobaron el acuerdo en la anterior legislatura de «decidir ir por el camino de la ilegalidad, con los informes jurídicos en contra», comentó. «Es un hecho inédito en el Ayuntamiento».

Otra de los puntos más polémicos que se trató en el Pleno del Ayuntamiento también está relacionado con los juzgados. En este caso, por la sentencia de Parques y Jardines que condena al Ayuntamiento a devolver más de 2,2 millones de euros –más 600.000 euros de intereses– a la anterior empresa de Parques y Jardines, la UTE formada por Urbaser y Construcciones Piñera. Un dinero que el Consistorio había detraído de las facturas correspondientes por supuestos incumplimientos. «Los servicios jurídicos ven indicios para recurrir la sentencia así que ese es e camino que seguiremos. La sentencia aún no es firme», explicó Margarita Rojo, concejala de Medio Ambiente, en respuesta a la moción conjunta que presentaron PSOE, PRC e IU-Podemos en la que exigían la revisión de los criterios para la deducción de las facturas de la anterior concesionaria en la que exigían también responsabilidades políticas y la correcta fiscalización de los contratos. Una moción que fue rechazada con los votos del PP. Rojo defendió la gestión «responsable y rigurosa» del Ayuntamiento, que «ha cumplido los criterios de Intervención y el control de los recursos públicos». Además, insistió en que el equipo de gobierno «ejerce férreamente sus obligaciones de control, basadas en todo momento en informes técnicos municipales», concluyó.