El Cabildo, el gran olvidado

El Cabildo de Arriba lleva años en el olvido. Ahora, con el derribo del número 17 de la calle Alta en marcha y la presión de la oposición para llevar a cabo una modificación puntual del PGOU vigente –el de 1997– para revivir el plan especial de renovación de esta zona, la situación del barrio vuelve a ser un tema de actualidad. Pero hay poco optimismo. Los vecinos que han luchado por sacarlo adelante durante años se han quedado sin esperanza y el gerente de Tecniobras que iba a promover dos manzanas completas en 2015, Luis García del Río, cree que ya no habrá una oportunidad como la que se perdió entonces con la delimitación de un ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana) en el barrio y que no salió adelante. Pero ha habido otros que tampoco han prosperado: ARI, ARU, PERI... siglas que forman instrumentos urbanísticos y todos con un mismo final, el abandono.

Desde la concejalía de Urbanismo, Javier Ceruti asegura que están estudiando la posibilidad de realizar una modificación puntual para ir actuando en el Cabildo por partes. «Hemos encargado la redacción a Transprojekt. Una actuación global como las que se propusieron en el pasado es ahora inviable económicamente». El edil no pone fechas sobre la mesa, pero asegura que se está trabajando en ello. Desde el Gobierno de Cantabria, también exponen que tienen un plan de Vivienda y una de sus líneas estratégicas es «fomentar la regeneración y renovación urbana en entornos degradados». Afirman que anualmente se abre una convocatoria para que los ayuntamientos interesados presenten proyectos de regeneración urbana, con financiación del Ejecutivo regional y del central. Desde la oposición, el grupo municipal regionalista urge que la modificación puntual se realice ya y tanto ellos como el PSOE y Unidas por Santander presentarán una moción en el pleno de este jueves para pedir que se ponga en funcionamiento una «hoja de ruta» para renovar los edificios y evitar los derribos. Los vecinos, sin embargo, ya desconfían de planes institucionales que no prosperan.

Marta Colmenero hubiera seguido luchando por el barrio, pero se quedó sola. Formó parte de la asociación de vecinos que ya no existe. «Me hubiera quedado, pero nadie más quiso seguir». Y lo entiende perfectamente. Han dado la cara por el Cabildo durante décadas y hace cinco años pensaron que todo el esfuerzo, por fin, iba a dar sus frutos. Ahora, la idea de resucitar el plan especial de renovación de la zona no le da mucha confianza, aunque estaría dispuesta a colaborar.

Que el Cabildo necesita una intervención urgente es algo que saben en el barrio desde hace más de 20 años. Y hubo un punto de inflexión que les dio la razón: la muerte de tres personas por el derrumbe de un inmueble. Colmenero es sobrina y prima de dos de las víctimas, Gumersinda y Jesús. «Cinco meses antes habíamos alertado de la situación del edificio. La semana antes de que se viniera abajo, mi tía fue a protestar al Ayuntamiento», recuerda Colmenero. La mujer lamenta que a pesar de que habían avisado del nefasto estado de varios inmuebles, «no se hicieron revisiones. Sólo empezaron a hacerlas cuando ya habían muerto estas tres personas». Otra vecina, Sonia Santamaría, también está cansada de un abandono que se prolonga en el tiempo. «Llevamos años pidiendo que derriben los edificios en torno al nuestro, están declarados en ruina y son un peligro. Se podría ejecutar desde el Ayuntamiento, pero no les da la gana. Todos los proyectos que se han presentado han acabado en papel mojado, ¿por qué? ¿Qué intereses hay?».

El presidente de la federación de vecinos de Cantabria (Fecav), Ricardo Sáinz, alega «que no se puede consentir que el centro esté cada vez más degenerado. Hay que gastarse el dinero, si el Ayuntamiento no puede, el Gobierno. ¿A qué esperan, a que se caiga otro edificio y mate a alguien más? El eterno problema de Santander es el amiguismo, pero el poder es para ayudar a los vecinos, no a uno mismo».

García del Río echa la vista atrás y asegura que, como el plan de regeneración que estaba en marcha en 2015, «no habrá otro». «Sin la aprobación de todos los vecinos, no se podía sacar adelante. Iba a ser tremendamente beneficioso para ellos, pero en torno a un 20% de los habitantes no estuvieron de acuerdo». Fueron tres años de reuniones que terminaron en nada. «Los vecinos nunca entendimos que no se modificase el PGOU vigente para poder continuar con la rehabilitación y sin embargo sí se modificase para levantar el Centro Botín», lamenta Colmenero. «Sí hacía falta un consenso de los vecinos, pero los proyectos cambiaban de un día para otro y eso generaba desconfianza». Además, los habitantes también tenían que aportar entre 3.000 y 40.000 euros –en función del estado de sus viviendas– para contar con un nuevo piso, algo que no todos querían o podían desembolsar.