Los cambios legales echan atrás 15 de las 17 salas de juego que querían abrir en Santander

Son los dos que ya habían terminado su tramitación cuando la Administración se puso manos a la obra ante la avalancha de nuevos proyectos y la alarma social que estaba provocando, especialmente en algunos barrios populares de la capital.

El departamento que dirige la regionalista Paula Fernández Viaña publicará un decreto con nuevas exigencias al respecto, en la línea de lo que ya se avanzó en un Consejo de Gobierno de marzo, antes de que se activara el estado de alarma por la pandemia. Son básicamente dos, pero suficientes para poner orden en la situación hasta que se apruebe la nueva Ley del Juego –la actual data de 2006, cuando todavía no habían proliferado este tipo de negocios–, que será «más restrictiva» que la que está en vigor y regulará todos aquellos aspectos en los que la comunidad autónoma tenga competencias.

El primero consiste en establecer una fecha de caducidad para los expedientes de viabilidad que presentan los propietarios de los salones de juegos o apuestas. Hasta ahora, los empresarios que conseguían el visto bueno para este primer paso administrativo disfrutaban de un tiempo ilimitado para avanzar hasta el siguiente nivel: solicitar la licencia municipal de obra y la licencia de actividad al Ejecutivo regional con la que empezar a operar. En varios casos, estos expedientes se aprobaron hace ya muchos meses y desde entonces, por diferentes motivos, los interesados no han vuelto a mover un papel. El decreto en ciernes introduce un límite temporal: si en dos años no se ha hecho nada, el permiso de viabilidad caduca. Adiós. Y si se quiere volver a intentar habrá que empezar de cero.

Sólo con esta novedad la cifra de salas de juego que podrían abrir baja ya de 17 a 11. De ellos, otros cuatro se desactivaron gracias a una medida que entró en vigor en 1 de enero, dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que establecía una distancia mínima de 500 metros con centros educativos debido a la popularización de este tipo de establecimientos entre los más jóvenes. No decaían, por ejemplo, los dos que estaban proyectados en Cazoña y que generaron una oleada de protestas entre los vecinos. No cumplían con ese medio kilómetro de separación, pero como la consulta previa del proyecto se realizó con más de seis meses de antelación a la aprobación de la norma, el plazo que marcó el Ejecutivo por seguridad jurídica y para no incurrir en responsabilidades, no se las podía echar el freno. No se las podía echar el freno por esa vía, pero sí por otra.

Como ya anunció el Gobierno de Cantabria para alegría de la asociación de vecinos del barrio, ni estos ni otros llegarán finalmente a funcionar gracias a la segunda medida del decreto de Presidencia y Justicia, que establece que aunque los negocios tengan expediente de viabilidad, no se concederá ninguna licencia de actividad hasta que no se apruebe la nueva Ley del Juego. El Ejecutivo regional ya ha comenzado los trabajos previos para sacar adelante la norma, pero lo previsible es que se alarguen durante gran parte de lo que resta de legislatura. Es decir, más de 24 meses, por lo que para entonces el permiso inicial ya habrá vencido por la disposición de la caducidad.

Después del cruce de acusaciones entre la Consejería y el Ayuntamiento de Santander, que se echaban en cara mutuamente que no utilizaban todas sus competencias para poner coto a las casas de apuestas, esta decisión salomónica del Ejecutivo pone fin a la discordia. Actualmente hay en Cantabria 40 salones de juego y 8 casas de apuestas, que aunque jurídicamente sean diferentes por el tipo de máquinas que pueden albergar, su forma de funcionar cada vez es más similar. En cualquier caso, incluso en la capital, donde la aparición de nuevos negocios de este tipo es más evidente, el Gobierno cree que el juego está «planificado y controlado». Eso no implica que no quiera que lo esté más. De ahí que ya se hayan iniciado los trabajos para poner en marcha la nueva ley al respecto, que Presidencia y Justicia ya avanza que será «más restrictiva» y se modernizará para incluir el nuevo fenómeno de las apuestas deportivas.

Está a punto de constituirse el grupo de trabajo interdisciplinar que asesorará en su redacción. Allí no sólo estarán técnicos de la Consejería, también asociaciones de lucha contra la ludopatía, de vecinos, de familias y los departamentos de Sanidad y Educación, entre otros. También el propio sector, porque la intención es elaborar un documento de consenso que deje margen suficiente para que puedan desarrollar su actividad con garantías. Lo que es seguro es que se mantendrá la distancia mínima de 500 metros con colegios e institutos –la más estricta de España– y pondrá trabas a la publicidad exterior y a la rotulación de los locales.

Donde no se puede intervenir es en el juego online, competencia exclusiva del Ministerio de Consumo y uno de los principales focos de adicción, según los expertos. Además, incorporará otras modificaciones puntuales o aspectos que se han regulado como el control de los accesos, cuyo decreto se encuentra en información pública. Obliga a todos los establecimientos de juego a disponer de un servicio de control de admisión (nombre y apellidos, fecha de nacimiento y tipo y número del documento identificador presentado, fecha y hora del acceso), situado en cada una de las entradas al local que registre todas las visitas. El objetivo es hacer efectivo el derecho de los ciudadanos –personas con ludopatía– a solicitar que les sea prohibida la entrada en casinos y demás establecimientos de juego.