El Castillo de Corbanera es privado al haberse consolidado el derecho de quien se instaló allí

El dictamen explica de forma concluyente que el castillo no pertenece al Consistorio ya que, «desde una fecha no determinada y hasta el momento actual», el inmueble ha estado ocupado por varias familias, «lo que ha desembocado en una usucapión extraordinaria al concurrir todos los requisitos exigidos para que ésta tenga lugar: posesión en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente». Aunque los autores del estudio especifican que «no se puede establecer el comienzo del concepto de dueño» en 1950 o en 1961, ha transcurrido de sobra «el tiempo legalmente requerido para que se pueda adquirir el bien por usucapión».

El estudio de los catedráticos de la UC consta de 154 páginas en las que se detalla la evolución de la titularidad del castillo desde sus orígenes hasta la actualidad. Fue encargado por el Ayuntamiento de Santander en el momento de darse cuenta de que no se sabía a quién pertenecía toda vez que se han construido viviendas en el recinto, que fue declarado Bien de Interés Cultural en 2012 por su valor histórico: se trata de un elemento defensivo levantado para proteger a la ciudad de posible ataques carlistas durante la Tercera Guerra Carlista. El Gobierno de Cantabria y algunos historiadores locales habían defendido en los últimos tiempos que la infraestructura era de propiedad municipal, algo que suscitó dudas en el equipo de gobierno.

Despejadas las dudas, el Ayuntamiento de Santander ha anunciado este miércoles que instará al Ejecutivo regional a que tome medidas para la conservación del castillo ya que la ley establece que es la comunidad autónoma la que está «obligada a ejercer todas las funciones» de protección a propósito de los inmuebles formalmente declarados BIC.

El concejal de Patrimonio Víctor González-Huergo ha señalado al dar difusión al informe de la UC (que ha costado casi 18.000 euros a las arcas locales) que, tanto el dictamen de la institución académica, como el de los servicios jurídicos municipales, están de acuerdo en que el edificio no pertenece al Ayuntamiento, por lo que éste «carece de competencias para actuar en él».