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El contrato del Ayuntamiento de Santander con Aqualia -uno de los grandes, económicamente hablando, de la ciudad- está en el punto de mira de Ciudadanos, cuya intención es que «también se actúe», según ha avanzado Javier Ceruti, concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia, que ... ha señalado que su partido fue el primero en denunciar, en campaña electoral, las «posibles irregularidades» que se estaban cometiendo en este contrato, con «desfases en beneficio de la concesionaria y en perjuicio de los santanderinos».
Según ha recordado, sus denuncias públicas han sido avaladas por Intervención, y Cs empujará acciones de «como hemos impulsado a que se haga con la limpieza de la ciudad y en Parques y Jardines, que son los tres grandes contratos. En dos ya hemos dado pasos para que se cambie la situación». El siguiente será el de Aqualia porque su «empeño» es hacer ver a las empresas que concurren a las licitaciones públicas «que los contratos se firman para cumplirlos».
«Queremos que las empresas tengan clarísimo» que se han de atener a los pliegos y el hecho de que estos «no se adapten a la realidad» no puede ser «la disculpa» que usen las concesionarias para no acatarlos. A su juicio, si las condiciones que plantea el Ayuntamiento no cubren las necesidades económicas de los posibles contratistas, «lo razonable sería que no se presenten y el concurso quede desierto, no que se postulen y que luego intenten no cumplir».
El edil ha explicado que, con la concesión de la limpieza y basuras, se revisó «de punta a cabo, denunciamos» las irregularidades «e impulsamos la toma de decisiones». Cuando se detectan fallos en los servicios, «caben tres pasos: primero, las conversaciones con la concesionaria para darle a entender que no se va admitir. Luego están los procedimientos de penalización previstos por la ley para estimular al que se está despistando y, si no hay reacción, solo quedan dos opciones. Hacer el Tancredo, que es mirar para otro lado y transigir con el incumplimiento, o proponer la resolución del contrato», ha agregado.
Con Aqualia, ahora estarían «en esa vía: daremos los tres pasos que se dieron con el contrato de las basuras». Si este convenio con la concesionaria de las aguas no se ha abordado antes es porque «todo a la vez no era factible, intentamos abarcar lo que podemos. Sorprendente, algún partido dice que como vamos a resolución (con Ascán-Geaser) pese a que dicen que era fallido».
Los dos concejales de Ciudadanos aún no saben si apoyarán la creación de la comisión de investigación municipal exigida por el PSOE para llegar al fondo del conflicto que ha generado en el Ayuntamiento de Santander la anunciada resolución del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras con Ascán-Geaser que, en 2013 se hizo con uno de los multimillonarios contratos de Santander. Según Ceruti, «no hay discrepancia con los socialistas en lo que piden (la máxima transparencia de lo ocurrido»), pero quieren estudiar si «la herramienta» a emplear para llegar a la información es una comisión de investigación.
El concejal ha recordado que el Ayuntamiento aprobó recientemente poner en marcha un órgano de control de la contratación «que probablemente fuera el más apropiado» para este caso. Pero, «estamos siempre a favor -y lo hemos demostrado con nuestros votos- con la máxima transparencia» en la gestión municipal y también «en este asunto que nosotros hemos hecho central, el de la limpieza de la ciudad». Ciudadanos decidirá «inmediatamente» qué fórmula de investigación le parece mejor aunque ha advertido que «no descarta» ninguna herramienta.
El portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes-Pila, ha pedido compensar a los santanderinos por el «desastroso» servicio de basuras, devolviendo el importe cuantificado por los Servicios de Intervención municipal en más de 7 millones de euros por los supuestos incumplimientos de adjudicataria.
El reembolso proporcional de esa cantidad, unos 40 euros aproximadamente por habitante, podría materializarse eximiendo a los vecinos del pago de la tasa correspondiente a la basura en el próximo recibo como «medida compensatoria» que en cierta medida palíe los inconvenientes que durante todos estos años han tenido que soportar, según han propuesto el PRC.
«Desde el inicio de la prestación el servicio no se estaba desarrollando conforme a lo estipulado en el pliego y la oferta, acumulando faltas graves y muy graves que desgraciadamente se han traducido en una defectuosa prestación del servicio público», ha afirmado.
El concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, ha cargado contra el equipo de Gobierno PP-Cs por no haber impulsado antes el Observatorio de la Contratación que, en su opinión, podría haber sido «la mejor solución para atajar la crisis del contrato de basuras».
«Creo que esta herramienta hubiera sido muy eficaz, probablemente mucho más que una comisión de seguimiento o una de investigación», ha opinado el edil, que achaca la tardanza de la puesta en marcha de este órgano, cuya creación él consiguió que el Pleno aprobara hace un año, a «la falta de interés del equipo de Gobierno».
Sobre las comisiones, Saro ha anunciado que apoyará «cualquier medida de transparencia» aunque esta última opción «desafortunadamente, no está propuesta en el ordenamiento del Ayuntamiento de Santander».
Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno de agosto de 2019, donde se impuso un plazo de tres meses para dictar una instrucción que desarrollara la fórmula de este Observatorio en el que tendrían que estar representados los trabajadores de las empresas, los concejales, técnicos municipales y los vecinos para vigilar el cumplimiento de los contratos.
La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado la convocatoria de ayudas extraordinarias para la reactivación económica por un total de 3,6 millones de euros.
Las ayudas se enmarcan en el programa 'Santander a Punto' y van dirigidas a la transformación e innovación digital de las empresas (1.500.000 euros); lucha y adaptación del comercio, la hostelería y los servicios personales a la situación generada por la pandemia (1.000.000 euros); la industria creativa cultural para generación de contenidos mediante proyectos innovadores adaptados a la actual situació (300.000 euros); para el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales durante y posteriores al estado de alarma (300.000 euros); y la segunda convocatoria de las ayudas para el mantenimiento de la actividad en la fase de cese (500.000 euros).
También en Empleo se han aprobado las memorias del proyecto Propósito B1 y Desafío B1 para desempleadas de larga duración y las bases de los procesos selectivos. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 1.428.100 euros, con el que se financiará 53 contrataciones con una duración máxima de seis meses.
Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, quien ha dado cuenta de los acuerdos de la Junta, como también la ampliación 45 días del plazo de ejecución del contrato de obras de remodelación de la Plaza de Italia y los Jardines de San Roque, con lo que finalizará el 22 de noviembre. La demora es debida a que los trabajos en la zona del acceso a la Primera Playa no se podían comenzar hasta el 30 de septiembre para no cortar el paso a la misma ni a los bajos comerciales; los retrasos en la fabricación de algunos materiales como consecuencia del covid-19 y la imposibilidad de trabajar en la calzada de la calle Reina Victoria hasta el 15 de septiembre.
También se ha ampliado un mes, hasta el 28 de octubre, el plazo de ejecución del contrato de obras de acondicionamiento y pavimentación de un tramo de la calle Peña Labra donde Viesgo soterrará una línea de alta tensión.
En Servicios Sociales se ha aprobado un convenio de colaboración con Ampros por 30.161 euros, entre otros acuerdos de financiación a varios proyectos de distinta entidades.
Por otra parte, la Junta ha aprobado dos reconocimientos extrajudiciales de créditos por un importe total de 4.465.607 euros.
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