Cinco municipios cántabros cobran por aparcar junto a sus playas, como San Sebastián y Gijón

En Gijón, los primeros 60 minutos de salen por 0,85 euros y la segunda hora por 0,80, aunque encontrar un sitio desde el que se vea el mar no es precisamente fácil dado que el municipio reserva cientos de plazas para los vecinos. Algo similar ocurre en la capital guipuzcoana, donde un espacio amplio cerca de La Concha es coto de residentes y otro es territorio OTA en su versión más cara, ya que sube a 1,56 la hora. Aparcar junto a Ondarreta, la segunda playa urbana, cuesta un pico más en verano que en invierno (1,17 euros fuera de temporada estival y 1,56 de junio a septiembre).

Pero no hace falta salir de Cantabria para estar obligado a hacer números por dejar un vehículo a pocos metros de la arena. Hay que rascarse el bolsillo para acceder con comodidad a playas tan emblemáticas como la de Merón (en San Vicente de la Barquera), la de Oyambre (en Valdáliga) y la de Comillas. Y también para acceder a las archiconocidas de Ris y Trengandín (en Noja) y a las de Castro-Urdiales (Ostende y Brazomar). En estos dos términos el cobro se implantó al crearse, respectivamente, la ORA y la OCA, ordenanzas que afectan a miles de plazas.

San Vicente de la Barquera fue el primer Ayuntamiento de la región en aplicar una tasa al aparcamiento veraniego. Arrancó en 1990 en Merón, a la que se puede acceder a través de un espacio que pertenece a Costas y que gestiona el Consistorio, que cobra dos euros a todos los vehículos que no abonan el impuesto de circulación en la villa, aunque también facilita bonos mensuales que permiten cierto ahorro. En Oyambre, una veintena de parcelas están autorizadas para acoger coches en verano, porque se estima que es un servicio que hay que dar a los ciudadanos. Por supuesto, no todas abren. Las que lo hacen piden tres o cuatro euros por vehículo y día.

En Castro Urdiales se implantó el sistema de rotación de vehículos en 1999 y dejar el coche cerca de Ostende o Brazomar cuesta (de media) un euro la hora, si bien hay varias tarifas y se contemplan bonos temporales y bonificaciones si es es vecino o propietario de segunda residencia.

En Noja se impusieron parquímetros en el casco urbano hace trece años. El mínimo son quince minutos (0,25 euros) y el máximo 600, que suponen 5,35 euros. Comillas introdujo el pago en el aparcamiento junto a la playa en 2016 por medio de un sistema monitorizado. El coste aproximado es de 0,55 céntimos de euro la hora.

Aunque todavía son cinco municipios, regular los espacios cercanos a las playas es una tendencia al alza, porque los ayuntamientos cada vez están más empeñados en acabar con la costumbre de permitir que se aparque en cualquier sitio o de cualquier manera por mucho relajo veraniego que impere. Entre otros motivos, porque algunos han visto que intervenir puede ser una fuente de ingresos más.

Valga este botón: en el País Vasco son ya al menos seis las poblaciones vizcaínas que buscan unas monedas diarias en el bolsillo de los aficionados al sol, con precios que van desde los 30 céntimos por aparcar media hora junto a la playa de Sopela a los diez euros por toda la jornada en Mendetxa. En la comunidad vecina, unas 6.000 plazas de parking playero están ya bajo el yugo de un parquímetro.

En Asturias, la costumbre dicta que junto a las playas se suele abrir una finca en la que se cobra una módica cantidad (dos, tres o cuatro euros) independientemente de las horas que uno aparque. En algunos pueblos, incluso, se pide una donación que depende de la voluntad y va destinada a una iniciativa solidaria. En Llanes (que contabiliza 32 playas) se encuentran parkings provisionales gestionados por clubes deportivos, a los que con el óbolo se ayuda a mantener la sociedad deportiva.

La situación se repite a lo largo del litoral español: en las grandes ciudades del sur es frecuente meter el coche en el aparcamiento subterráneo para salir a darse un chapuzón.

A estas recetas se van sumando otras que conllevan la implantación de parquímetros que cuentan el tiempo en dinero donde nunca se habían visto. En Cantabria no se ha protestado demasiado cuando se han tomado estas medidas porque, en general, los usuarios de las playas las han visto como una forma de reordenar una situación que en algunos casos podía derivar en caos.

Hace unas semanas, Ribamontán al Mar anunció que cobrará por aparcar junto a las playas de Somo y Loredo, que acogen en temporada a miles de bañistas tanto de los municipios de alrededor como turistas y, aunque aún está abierto el periodo de alegaciones, no parece que, de momento, se estén escuchando muchas voces contrarias.

Un vecino y comerciante acota: «No ha habido quejas porque la gente todavía no se ha enterado. Es invierno y los usuarios de la playa no están al tanto del plan municipal. Cuando empiecen a llegar y vean las máquinas para el cobro seguro que hay reacciones en contra. O, lo que es peor, se irán a otros sitios donde no les cobren», algo que «a mí me perjudicará como comerciante. La lógica dice que, a menos gente, menos ventas».

La reacción colectiva, sin embargo, ha sido muy distinta a la fuerte oposición que se desató en Santander cuando, hace quince días, El Diario Montañés desveló que el Ayuntamiento estudia extender la OLA a Reina Victoria y El Sardinero. Esta propuesta se está analizando pese a que la alcaldesa Gema Igual ha advertido que aún es una idea que no se hará realidad a corto plazo.