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Viernes, 10 de enero 2020
El comité de empresa del Parques y Jardines ha presentado un documento al Ayuntamiento de Santander en el que refleja que la oferta económica que ha presentado la UTE Impesapi-La Encina-Copsesa, la empresa mejor valorada en el nuevo procedimiento de adjudicación, es «insuficiente para mantener el servicio».
Así lo ha indicado hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a preguntas de la prensa sobre la próxima adjudicación del servicio tras las presuntas irregularidades en Parques y Jardines desde 2012 a 2018, cuando era adjudicataria la UTE Urbaser-Contratas Piñera.
La regidora, que cuando informó a principios de diciembre de las supuestas irregularidades anunció que el nuevo contrato se adjudicaría en un plazo de dos meses, ha revelado hoy que, «por primera vez», el comité de empresa «ha presentado números» que respaldan sus continuas afirmaciones de que la oferta económica presentada por la UTE mejor valorada es «insuficiente para mantener el servicio».
«Son datos que aporta el comité, que a mí no me corresponde valorar y que en el seno de los servicios técnicos se están valorando», ha señalado Igual, que ha precisado que los servicios económicos municipales están analizando este documento de estimación del coste salarial para «contrastar» con el informe de Intervención, que, por contra, entiende que el coste de la plantilla quedaría cubierto. «Estamos pendientes de esa nueva valoración», ha dicho.
La alcaldesa también ha indicado que todavía no se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a la que el Ayuntamiento se ha dirigido antes de resolver definitivamente el expediente del nuevo contrato de Parques y Jardines para que «la adjudicación goce de las máximas garantías jurídicas».
En este sentido, Igual ha explicado que en el plan de ejecución que presentó al interventor municipal se comprometió a tener adjudicado el servicio en el plazo de dos meses «porque teníamos estimado que la Junta Consultiva iba a resolver en dos meses. A día de hoy no lo ha hecho pero todavía estamos en el plazo», ha precisado.
También ha asegurado que los expedientes derivados del informe de Intervención «están todos en marcha».
El documento elaborado por el servicio de Intervención y presentado a comienzos de diciembre, incluye supuestos incumplimientos respecto al personal, los medios empleados, las mejoras que debían hacerse o las revisiones de precios por parte de la adjudicataria (la UTE Urbaser-Contratas Piñera) entre febrero de 2012 y diciembre de 2018. Pero el documento va mucho más allá. Denuncia «grandes deficiencias en la organización del servicio» municipal, «tensiones internas» en el departamento y acusaciones al jefe de servicio de «dejación de sus funciones» y «absoluto desdén» hacia la gestión documental en cuanto al control y vigilancia en la ejecución del contrato. A tenor de estas conclusiones –y de las recomendaciones del propio interventor–, Igual anunció la «propuesta de incoación de un expediente disciplinario al jefe de servicio, que implica la revocación de la asignación temporal de funciones que actualmente tiene atribuidas y que se le aparta de ese servicio». Además, entre otras medidas, adelantó los pasos para reestructurar el servicio, la apertura de expedientes para determinar daños y perjuicios contra la empresa y también completar la nueva adjudicación del contrato antes «de un plazo máximo de dos meses».
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