Los concejales de Santander declaran un patrimonio que oscila entre los 700.000 y los 3.500 euros

Esta legislatura, en los extremos se sitúan Guillermo Pérez-Cosío (edil de Vox, que confiesa un patrimonio de más de 700.000 euros y créditos por valor de 85.144) mientras que Pedro Nalda, concejal del PP, no declara propiedad inmobiliaria alguna y apunta 3.500 euros en otros bienes, así como deudas por 32.000. Entre los que más bienes suman destacan los populares Lorena Gutiérrez y Álvaro Lavín y el portavoz socialista, Pedro Casares (por el orden citado).

Entre los de menores rentas estarían la popular Carmen Ruiz y el regionalista José María Fuentes-Pila (además del citado Nalda). Ni Ruiz ni Fuentes-Pila cuentan con patrimonio inmobiliario, que es una de las fuentes principales de ahorro en España. Por el contrario, declaran deudas, aunque no son reseñables.

A la hora de hacer la radiografía de las cuentas de cada cual, el Ayuntamiento especifica por un lado los bienes inmuebles, (siempre según la tasación catastral) a los que hay que añadir el valor de otros bienes. En este capítulo se incluyen las cantidades que gestionan en cuentas corrientes, acciones bursátiles, lo que cuestan sus vehículos o cualquier otro bien reseñable. En un tercer epígrafe se refleja el pasivo. Es decir, el nivel de deuda de cada concejal ya sea en forma de préstamos, créditos etc. Las cifras que se ofrecen corresponden a los ediles de forma individual, lo que significa que los que están casados dan los números que les afectan solo a ellos.

Si algo caracteriza a esta corporación es, precisamente, su capacidad para el endeudamiento. Solo tres ediles (el 11%) de un total de 27 no tiene deuda alguna. Sin obligaciones hay dos mujeres del PSOE (María Antonia Mora y Ana Santurtún) y el concejal del equipo de gobierno de Ciudadanos, Javier Ceruti. Santurtún, que al tiempo es una de las ediles más jóvenes del grupo, tampoco declara propiedades inmobiliarias.

Igualmente es una mujer la que reconoce una deuda más alta: Miriam Díaz (concejala de Turismo del PP) debe 190.590 euros frente a una deuda media por español (fuera de Madrid y Barcelona) de unos 90.000. La sigue el socialista Néstor Serrano, que reconoce créditos por 170.982 euros en tanto que Margarita Rojo (PP), Lorena Gutiérrez (PP), Jesús Goñi (PRC), Álvaro Lavín (PP), Noemí Méndez (PP) y Ainoa Quiñones (PSOE) forman el grupo cuyas obligaciones sobrepasan los 100.000 euros, en algunos casos muy sobradamente.

En 2019 continúan solo 11 concejales de la pasada legislatura, por lo que no cabe demasiada comparación con los datos de hace cuatro años. Pero hay un caso llamativo: el del portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, que al tomar posesión en 2015 informó al Consistorio de bienes inmuebles por valor de más un millón de euros. Ahora, por el contrario, esta casilla se encuentra a cero. Además, hace cuatro años el regionalista tenía que hacer frente a deudas por 623.000 euros (era, de hecho el edil que se diferenciaba de todos los demás por lo elevado de sus créditos y/o préstamos) y, a día de hoy, declara uno de los pasivos más bajos de todos (14.000 euros) en línea con los de Carmen Ruiz y César Díaz, que son los cargos públicos locales que menos deuda manifiestan si se excluye a los tres citados que no tienen.

En la comparación con hace cuatro años, la alcaldesa Gema Igual sigue sin declarar patrimonio inmobiliario, aunque comunica 143.809 euros en otro tipo de ahorros.

El Ayuntamiento publica esta información en cumplimiento de la ordenanza de transparencia de la que se dotó para hacer realidad la Ley de Transparencia nacional, que establece que los miembros electos deben registrar sus bienes antes de la toma de posesión y con ocasión del cese, así como cuando se modifiquen sus circunstancias económicas. Quienes reciben fondos de las arcas públicas tienen que informar sobre las posibles actividades que desarrollan y el Ayuntamiento debe dar el visto bueno. También han de declarar tanto sus ingresos como su participación en sociedades.