Condenan al Ayuntamiento a devolver más de 2,2 millones a la anterior empresa de Jardines

El fallo del juzgado, que puede ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), estima los recursos presentados por las empresas a dos acuerdos del municipio en los que se ratificaron las sanciones económicas después de desestimar sus alegaciones. En el primero de ellos, se acordó una deducción en las facturas emitidas desde el mes de mayo de 2019 a febrero de 2021 por importe de dos millones de euros. En el segundo, se aprobó una deducción de las facturas de los meses de marzo, abril y mayo de 2021 por valor de 282.000 euros, cantidades a las que hay que sumar ahora los intereses legales. Fuentes cercanas a la empresa cifran el coste para el Consistorio, a la espera de los posibles recursos, en tres millones de euros.

Para entender el fallo judicial hay que explicar el contrato que el Ayuntamiento de Santander firmó en febrero de 2012 con la UTE Urbaser-Contratas Piñera para hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad.

Dicho contrato tenía una vigencia de cuatro años, más dos de prórroga, es decir hasta 2018. La UTE cumplió lo firmado y el Ayuntamiento sacó a licitación un nuevo concurso. Dicha licitación, sin embargo, estuvo llena de problemas y conflictos internos (incluido un expediente al jefe del servicio), hasta el punto de que el Consistorio optó por suspender el proceso y abrir otro concurso. Este procedimiento de licitación se inició el 29 de agosto de 2017 y se resolvió, en principio, el 22 de noviembre de 2018. La oferta mejor valorada fue la de la UTE formada por las empresas Imesapi-Copsesa-La Encina. Sin embargo, al solicitarse la documentación acreditativa de la totalidad de los costes salariales de los empleados tras las denuncias formuladas desde el comité de empresa, se evidenció en los informes jurídicos y económicos un margen muy estrecho para atender el resto de obligaciones del contratista, por lo que se decidió preguntar a la Junta Consultiva en abril de 2019. En octubre de 2020, el Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local el desestimiento de la adjudicación del contrato y abrió un nuevo proceso. Mientras tanto, fue Urbaser-Piñera la encargada de gestionar los parques y jardines de la ciudad pese a haber concluido el contrato. Esta es una de las claves por la que el juzgado declara nulas las sanciones a la adjudicataria, que se produjeron con el contrato ya vencido.

Además, la sentencia pone en duda el informe del Servicio de Intervención Municipal en el que se basaron las decisiones del Ayuntamiento e, incluso, alude a otro informe de una consultora, contratada por el municipio, en el que se pone de manifiesto que el grado de satisfacción de los ciudadanos con el servicio era elevado e, incluso, satisfactorio.

Ha sido este año 2023 cuando el Ayuntamiento sacó a concurso un nuevo pliego que aumentaba en un 30% la licitación, que pasó de los 8 millones a los 12,5. Légamo es la empresa encargada del servicio tras ser la adjudicataria.