El conflicto de las basuras llega a su tramo final y Cespa sustituirá el jueves a Ascán

Cabe recalcar que el recurso de la concesionaria actual no va en contra de la rescisión de su propio contrato, sino contra la adjudicación de emergencia con Cespa. Esto se debe, consideran fuentes municipales, a que la decisión de poner fin al contrato con Ascán está bien justificada y avalada por el Consejo de Estado. Por eso, apuntan, su objetivo es demostrar que el nuevo acuerdo no es en realidad tan urgente y poder continuar así al frente del servicio hasta que termine de forma natural, a mediados de 2023.

¿Que pasará, entonces, el día 11? A las doce de la noche, Cespa se convertirá en la concesionaria del servicio de basuras de Santander. La empresa ya tiene maquinaria de alquiler -por si acaso Ascán no la devuelve a tiempo o en buenas condiciones- y naves donde alojar todo el material. También ha presentado el nuevo uniforme a los trabajadores, a los que dará de alta en la Seguridad Social esa misma medianoche. Algo más de 24 horas después, terminará el plazo del Ayuntamiento para presentar alegaciones al recurso de Ascán, con las que deberá demostrar que efectivamente sí era urgente contratar a una nueva empresa que se haga cargo de la limpieza de la ciudad. ¿Y después? El juez se puede tomar un par de días para analizar toda la documentación y emitir un veredicto.

Si se decanta a favor del Ayuntamiento, Cespa continuará gestionando el servicio de las basuras sin interrupciones. Pero si finalmente el magistrado se inclina por Ascán y suspende la adjudicación de emergencia, el Consistorio se debatirá entre esas otras dos opciones que tenía cuando decidió rescindir el contrato: remunicipalizar el servicio o permitir que Ascán continúe hasta que se resuelvan los nuevos pliegos. Y ninguna de las dos opciones les convence. La primera porque aseguran que no tienen capacidad para asumir a los más de 300 empleados que conforman el servicio ni de adquirir la maquinaria y las naves necesarias para ello, y la segunda porque, tras adelantar el fin del contrato por incumplimientos, no consideran lógico que continúe gestionándolo la misma empresa. Además, si Ascán regresara a los pocos días de irse, los empleados tendrían que volver a pasar de una empresa a otra, el material también y, además, habría que indemnizar a Cespa por todo lo ocurrido (algo de lo que se haría cargo el seguro del Ayuntamiento, apuntan fuentes municipales).

El camino para poner fin al contrato con Ascán ha estado lleno de obstáculos. De hecho, comenzó hace más de un año y se ha dilatado prácticamente hasta el fin del mismo. De los diez años que dura el acuerdo, casi ha agotado ocho. Es, además, el contrato más cuantioso del Ayuntamiento: a Ascán le pagaban 17 millones al año y a Cespa le pagarán algo menos, 16,4 millones anuales.

Todo explotó en septiembre de 2020. Entonces, el Ayuntamiento anunció su intención de poner fin de forma prematura al contrato con Ascán. Desde la Concejalía de Medio Ambiente comenzaron a recopilarse y redactarse informes que demostraban los incumplimientos de la empresa y, a final de año, se remitieron al Consejo de Estado para que emitiese un dictamen al respecto. Pero llegaron las Navidades y -no está claro si por culpa de unos o de otros- los documentos no llegaron en el plazo marcado y el procedimiento caducó. Este hecho pasó inadvertido para el Consistorio durante varios meses.

Vuelta a empezar. Medio Ambiente redacta nuevos informes y los reenvía al Consejo de Estado. Esta vez sí llegan a tiempo y en septiembre de este año este organismo nacional da la razón al Ayuntamiento. Con esta victoria, el proceso se acelera. El Consejo de Estado da un mes para que se apruebe la rescisión del contrato o, si no, su valoración caducará. La fecha límite se marca para el 14 de octubre. No llega a agotarse y a las puertas de la fiesta nacional se toma la decisión.

La Junta de Gobierno Local aprueba el 11 de octubre la rescisión del contrato con Ascán. Ya saben entonces que Cespa les sucederá, pero aún no está cerrado el acuerdo. Cuatro días después se da a conocer y la concesionaria que sigue al frente del servicio no duda en dar un paso más y anuncia que ha presentado una querella criminal contra dos altos cargos y el interventor municipal. Consideran que ha existido prevaricación administrativa y se basan en que, la misma noche de las elecciones -en mayo de 2019- se registraron de golpe nueve expedientes sancionadores contra ellos. Como dejaron caer desde la propia empresa, esa noche los populares perdieron su mayoría en el Ayuntamiento, lo que les obligaba a negociar con otras formaciones políticas.

Al día siguiente, la alcaldesa Gema Igual sale a defender a los querellados (la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, el interventor del Ayuntamiento, Ignacio Gómez, y la jefa de servicio de Desarrollo Sostenible, Julia Benito) y asegura que «sólo hacían su trabajo». Su socio, Javier Ceruti (Cs), apuntó que «sería un honor» estar querellado junto a ellos, «que hicieron bien su trabajo». Aunque Ascán expuso que estaban valorando ampliar la querella a todo el equipo de gobierno, se desconoce si finalmente lo llevaron a cabo.

A finales de octubre, la tensión entre el Ayuntamiento y Ascán va en aumento y la empresa opta por dejar de abrir las notificaciones que le llegan a través de la sede electrónica municipal y en las que se recoge la rescisión de su contrato y el nuevo acuerdo con otra empresa. Parece que las asperezas se suavizan a partir del 26, cuando ambas partes se reúnen para analizar la devolución del material del que hace uso Ascán y que tendrá que heredar Cespa. No hay acuerdo. Unos quieren que les den la amortización pendiente antes de entregar las máquinas y los otros exigen revisarlas. Con esta falta de acuerdo y a falta de dos semanas para cambiar de empresa, Cespa alquila maquinaria por su cuenta para poder desarrollar las labores de limpieza a partir del día 11.

Este coste añadido de alquiler tendrá que afrontarlo el Ayuntamiento, aunque incluirán esta falta de cooperación de Ascán -por no devolver las máquinas- a su lista de daños y perjuicios para, a la hora de tener que devolver la fianza, reclamarlo. Ahora, sólo queda esperar a ver en qué queda el recurso contencioso-administrativo para ver si, por fin, el conflicto de las basuras termina.