El Consejo de Estado avala la resolución del contrato de basuras por incumplimientos de Ascán

En un dictamen emitido el pasado 9 de septiembre, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el órgano consultivo del Gobierno de España es muy claro. «Procede resolver el contrato por causa imputable al contratista, con retención de la garantía definitiva constituida e indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración».

Asimismo, considera que se debe liquidar el contrato, «abonándose en su caso al contratista el importe de los servicios efectivamente prestados», y que procede «instruir el correspondiente procedimiento a fin de determinar los daños y perjuicios irrogados a la Administración, haciéndose efectivos, en primer término, con cargo a la garantía prestada (7,9 millones), y en caso de ser superiores, reclamando su importe a la adjudicataria».

Un año después de que la alcaldesa Gema Igual anunciara la decisión de su gobierno de poner fin a este contrato el Ayuntamiento ya cuenta con el respaldo que necesitaba para hacerlo efectivo, aunque no se descarta que Ascán acuda a los tribunales, pese a que, por el momento, no ha recibido más que reveses. Y es que desde que en 2014 el Ayuntamiento impuso la primera penalización han sido varios los encontronazos que han protagonizado ambos y que han acabado por resolverse en los juzgados (algunas de esas decisiones se recogen en el documento). Y este conflicto también ha tenido su correspondiente batalla política.

Pero ahora el Consejo de Estado pone negro sobre blanco y hace mención a cuatro incumplimientos de la concesionaria. El primero tiene que ver con la obligación de Ascán de vaciar diariamente las papeleras, limpiarlas y desinfectarlas, como mínimo, cuatro veces al año. «El incumplimiento de esta obligación ha quedado acreditado por los informes del Ayuntamiento y las empresas de control (del contrato). Así lo ha entendido también el Juzgado de lo Contencioso».

En segundo lugar, el Ayuntamiento estima que la falta de desarrollo de la aplicación informática que permite gestionar la información sobre la prestación del servicio supone también un «incumplimiento esencial». Y el órgano consultivo hace mención, de nuevo, a una sentencia que dice que «los incumplimientos detectados se acreditan mediante el informe de la entidad de control que detalla que la plataforma no cumple con la totalidad de las funcionalidades previstas en el pliego». Además, el texto señala que la propia contrata «reconoce que el sistema no funciona correctamente».

El Consistorio santanderino cita como tercera infracción de la adjudicataria la que afecta al mantenimiento y limpieza del parque de contenedores, «que debe acomodar la frecuencia de vaciado a la velocidad de llenado de los contenedores, que no deben superar el 75% de su capacidad». Sobre esto, el Consejo de Estado vuelve a apoyarse en una sentencia que confirma la penalización impuesta a Ascán-Geaser por el estado de los contenedores. Además, hace referencia al informe de la concejala de Medio Ambiente, de mayo de 2021, que apunta que la empresa no dispone de lava-contenedores desde 2016, «ya que nunca se llegaron a reparar o sustituir».

Finalmente, el Ayuntamiento estima que el contratista ha incumplido sus obligaciones respecto a la incorporación de medios personales, «teniendo en cuenta las tasas de absentismo y la no sustitución de determinados trabajadores» y sobre la incorporación de medios técnicos.

Estos datos se reflejan en el informe de fiscalización llevado a cabo por la Intervención municipal en abril de 2019, que valora el déficit de medios personales en 994.436 euros y el de medios técnicos y nueva maquinaria en 1,5 millones de euros.

En lo que se refiere a los personales, el Consejo de Estado asegura que la adjudicataria ha aportado un informe jurídico sobre las obligaciones de subrogación, que refleja las normas laborales vigentes, «pero no se refiere al cumplimiento de las previsiones técnicas del contrato». Respecto a los técnicos y las inversiones, el órgano consultivo recuerda que en 2014, la Junta de Gobierno Local acordó imponer una penalización de 149.648 euros por déficit de inversiones, confirmada por el Juzgado. Después hubo otras penalizaciones sobre inversiones y falta de personal también avaladas por los jueces.