El Consejo de Transparencia obliga al Ayuntamiento a facilitar información al PRC

Ya ocurrió hace varios meses y ahora se repite la historia: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –organismo estatal que vela por el derecho a la información de los ciudadanos– le ha dado un toque de atención al Ayuntamiento de Santander por no informar al Grupo Municipal Regionalista en los plazos que marca la ley. Los regionalistas, muy descontentos con la política de comunicación del equipo de Gema Igual, han acudido en reiteradas ocasiones a la Ley de Transparencia para que les faciliten los datos que les interesan.

En esta ocasión, el PRC había llevado al Consejo seis peticiones de informaciones que el PP no había satisfecho en tiempo y forma y desde la entidad nacional les han dado la razón. En dos de ellas, la institución obliga al Consistorio a dar los datos solicitados en 10 días (con copia al propio organismo)y en otras cuatro ocasiones les reprochan que han contestado con un retraso de tres o cuatro meses pese a que la ley obliga a responder en un mes.

El PP tendrá que facilitar ahora al PRC dos listados que le había reclamado en noviembre de 2017. Por un lado, la lista de licencias de urbanismo, de obras, de actividades y de apertura aprobadas entre octubre de 2016 y noviembre de ese mismo año con el expediente de cada una. Para no facilitar esta relación, el Consistorio alegó que no cuenta con medios para filtrar toda la información y que recopilarla «supondría paralizar el servicio de Urbanismo».

Algo similar ocurre con el segundo listado. Los regionalistas habían demandado la lista de los expedientes de disciplina urbanística iniciados, finalizados o en trámite en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en Santander y, aunque se entregaron los datos, no se dieron todos ya que el Ayuntamiento alegó que carece de recursos para irse hasta 2014. El Consejo, sin embargo, obliga a ofrecer también la información de ese ejercicio en 10 días.

El resto de peticiones del PRC se han respondido, aunque con retrasos significativos. Los regionalistas querían conocer el número de inspecciones giradas a la empresa que realiza la limpieza viaria de las calles de Santander, el proyecto de eficiencia energética para centros educativos, instalaciones deportivas y dependencias municipales y el convenio de colaboración municipal con los comerciantes del Mercado de México para campañas de promoción. El PRC también preguntó, y obtuvo respuesta cinco meses más tarde, por las obras, suministros y servicios encargados por el Ayuntamiento a Guillermo Vega, Javier Ruiz Ocejo, Dos Imanes Producciones, Mataleñas Golf 2010, Mouro Producciones, J&P Ingenieros e Ingenova Ingenería Geotécnica.

Para el portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, este nuevo «reproche» del Consejo de la Transparencia acredita «el oscurantismo» de la gestión del PP en Santander, que «torpedea por norma» la labor del resto de partidos de la Corporación. «Llevamos años diciéndolo, ahora lo constatan organismos estatales independientes», afirmó.

El regionalista cree que si el PP «respetase a todos los santanderinos, no pondrían trabas al trabajo de sus legítimos representantes». Así, ha deseado que esta nueva «censura pública» sirva para cambiar una dinámica de opacidad contra «la que llevamos clamando años» y fuerce a los populares en el Ayuntamiento «a respetar la labor de la oposición de una vez por todas».

En este sentido, recordó que, con esta manera de proceder, el equipo de Gobierno se está saltando tanto la Ley de Transparencia como la ordenanza municipal. «Por no hablar de que todos los santanderinos pagamos un sueldo a un concejal de Transparencia que no cumple su trabajo». También recalcó que su formación seguirá ejerciendo su labor de control. «Y seguiremos acudiendo a donde sea necesario» para garantizarse ese derecho.