Las constructoras del Centro Botín reclaman 25 millones en sobrecostes

La reclamación no es una simple amenaza. Desde la UTE, integrada por OHL y la cántabra Ascán, se admitió ayer que han acordado la presentación de una denuncia vía judicial (no lo han materializado todavía) para exigir el pago de las cantidades que entienden que se les adeudan por hacer realidad el Centro Botín. Y su petición tiene cifra final tras concluir esta misma semana los trabajos de auditoría de la obra. Con ese test en la mano procederán a solicitar a la Fundación Botín, promotora de la obra, el pago de 25 millones de euros, cantidad en la que estiman el sobrecoste de los trabajos desarrollados en el proyecto del Centro Botín levantado en el suelo público del muelle de Albareda.

Incluso la cuantía puede incrementarse en otro millón de euros ya que aunque se ha hecho la recepción provisional de la obra faltan por computar «flecos» de las últimas intervenciones. De ese sobrecoste, la UTE contabiliza cinco millones con cargo a obras derivadas de los cambios en el proyecto de origen, mientras que la mayor cifra, los otros 20 millones, corresponderían a los gastos generales derivados de los sesenta meses que han durado los trabajos. Precisamente en las negociaciones que se han mantenido hasta ahora, la Fundación siempre habla -indican fuentes de la UTE- de 18 meses de trabajos, al excluir los tiempos en los que la obra ha estado bloqueada o paralizada. Diferencias de tiempos y de criterio sustanciales que hasta ahora aparecen como insalvables y que han impedido un acuerdo.

Para defender su posición, tanto OHL como Ascán han apuntado en los contactos habituales con su cliente que éste en ningún caso ha ejercitado en cinco años la opción de penalización por retrasos en las obras, posibilidad que se recoge en el contrato. Esa circunstancia supondría para la UTE el reconocimiento tácito de que los desfases temporales no son de su responsabilidad y siempre han obedecido a la naturaleza del proyecto, una complejidad que ha reiterado el propio Renzo Piano.

Ante los desencuentros permanentes de los últimos meses, la UTE considera agotada la vía del diálogo y ya ha presentado una reclamación oficial e interna ante su cliente. El siguiente paso, ya acordado por la dirección de ambas sociedades, es acudir a la vía judicial.

Fuentes de las dos empresas señalan gráficamente que por el momento casi un 20% del Centro Botín «ha sido financiado por nosotros» y añaden que no aprecian voluntad de negociar por parte de la Fundación. En suma, no ven salida, aunque no ignoran que el hecho de publicitar sus intenciones puede dinamitar igualmente cualquier intento de acercamiento.

La Fundación Botín, consultada al respecto, mostró su sorpresa por la postura de las constructoras ya que también -indicó- ha reclamado a la UTE una cantidad «muy similar» en concepto de penalizaciones por los retrasos en la construcción, entre otros aspectos. Además, asegura que la semana que viene, una vez que ha abierto sus puertas el Centro Botín, iba a comenzar un periodo de conversaciones «de buena fe para tratar conjuntamente ambas cosas».

Una ausencia que pasó desapercibida para la mayor parte de los invitados, pero no para los responsables de la Fundación Botín que saben que las desavenencias por el desacuerdo en el precio final de la obra pueden acabar en los Tribunales. Un camino que tampoco es nuevo ya que en octubre de 2015 ya se barajó esa opción a largo plazo cuando se negoció y alcanzó un acuerdo de mínimos que desbloqueó la obra que llevaba parada varios meses.

Tanto en octubre de 2015 como ahora, la posición inicial de la Fundación siempre ha sido la de argüir que el precio por ejecutar el proyecto del Centro Botín era «cerrado y finalista» y nunca por encima de los ochenta millones de euros (en el contrato con la UTE se anota al parecer una cifra de 62 millones más IVA).

Es más, en la misma línea, el pasado jueves el director general de la Fundación, Íñigo Sáenz de Miera, volvió a indicar que el presupuesto del proyecto ha sido el anunciado de 80 millones aunque bosquejó que pudiera haber un indeterminado aumento en el precio. Nada dijo de desacuerdos con los constructores ni de un posible desfase calculado en los 25 millones de euros.

Quienes sí llegaron a hablar en su día de las desavenencias entre cliente (Fundación) y empresas (UTE) fueron el presidente de Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el entonces alcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Los dos, preocupados por el ritmo 'piano piano' de la obra, afirmaron sin ambages que las diferencias entre constructoras y Fundación estaban en el origen de la paralización de la obra.

Ninguno de los dos eludió las explicaciones. Según apuntó Revilla, «el Centro Botín ha estado paralizado por discrepancias de mucho dinero». No enunció cifra, pero sí apostilló que «se trata de problemas de mucho dinero entre el que paga y quien desarrolla. Como es lógico, la Fundación ha velado por mantener el coste y sus empresas constructoras por no perder». Y el corolario también llegó: «Es un proyecto llave en mano pero muy etéreo».

También en octubre de 2015 y tras desvelar El Diario Montañés el bloqueo de las obras por el desacuerdo entre los principales actores, Íñigo de la Serna hizo pública su reflexión sobre los nuevos retrasos. El entonces alcalde de Santander aseveró que la dilación no se debía a motivos «constructivos como en 2014» -en referencia a las fachadas- sino a que «se están tomando las últimas decisiones económicas y haciendo el cierre presupuestario, momento en el que se hace valoración de precios complementarios». Una explicación casi de ingeniero, que simplificó de seguido al añadir que «se trata de un debate sobre ajustes de costes finales». Y avanzada su creencia, mostró su confianza en el acuerdo entre las partes, que llegaría días más tarde y supondría la 'vuelta al trabajo' en el muelle de Albareda, en un Centro Botín que para esa fecha ya exhibía parte de su piel nacarada.

Fue a mediados de ese mismo año, a partir del verano de 2014, cuando surgieron problemas constructivos con las fachadas internas del edificio. Con ello llegó no sólo el parón de la obra sino el incremento de su presupuesto. Tras meses de paralización, a finales de 2014 se canceló el contrato con la empresa adjudicataria (una firma holandesa con la que se subcontrató la ejecución de los muros pantallas) y se buscó sustituto. Otra dilación. Pero debía ser así, porque a decir de Renzo Piano, en una obra de estas características, las novedades, las pruebas y los cambios están siempre a la orden del día y los tiempos se amplían para un macroproyecto.

Precisamente a finales de 2014, y aunque la Fundación siempre prefirió los silencios cuando se trataba de explicar las demoras en el proyecto («mantenemos el compromiso», se convirtió en la contestación al uso cada vez que se interpelaba sobre la posible fecha de conclusión de la obra), Íñigo Sáenz de Miera sí habló, por primera vez, de tiempos y contratiempos: «Hay problemas de ejecución relacionados con la calidad y también dificultades económicas y negociaciones fundamentalmente entre la UTE y las subcontratas encargadas de las fachadas».

Una confesión que junto a otras le han servido a la UTE para predicar que el proyecto inicial de Renzo Piano ha ido mudando a medida que el arquitecto genovés exploraba en él y en su simbiosis con la bahía y Santander. Eso, y la complicación en la dirección de obra para cumplir las órdenes de Piano, fue incrementando los precios. Añaden que esa realidad ya fue más o menos reconocida a principios de 2014 cuando el propio Emilio Botín (fallecido en septiembre de ese año) constató que el arquitecto genovés ya había cambiado «25 cosas en dos años para que el edificio fuera único».