La Ley de Contratos retrasa la licitación del nuevo proyecto de Plan General

En teoría, la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, traerá una menor burocracia para los licitadores y hará prevalecer el criterio de mejor relación calidad-precio frente a la oferta económica más ventajosa. También incrementará obligaciones sociales, ambientales y laborales vinculadas a la ejecución de contratos. Pero son muchas las voces que están constatando en varias autonomías que, en los primeros meses de andadura, la ley está retrasando las licitaciones. También está ocurriendo en Santander, donde está ralentizando el concurso de la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento tiene previsto licitar este proyecto en una cifra superior al millón de euros, según ha señalado en varias ocasiones el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, quien explicó a este periódico que el pliego municipal que contiene todas las indicaciones técnicas para redactar el plan está terminado. Sin embargo, éste tiene que ser revisado por el servicio de Contratación y, con los requisitos que establece la ley se está demorando su visto bueno. En parte también debido a que «se trata de un contrato de servicios y es de envergadura».

«Nosotros lo tenemos todo claro en el aspecto técnico. Pero se está supervisando» de forma exhaustiva todo lo demás, para evitar cabos sueltos. Díaz aludió, además, a la «elevada carga de trabajo del servicio». Tanto un factor como otro «están retrasando la tramitación», pero la voluntad del grupo popular «es sacarlo a licitación en cuanto se pueda. El nuevo PGOU es una prioridad absoluta» para el equipo de gobierno, que puso en marcha la tramitación de un nuevo plan en cuanto tuvo claro que el Gobierno regional (PRC-PSOE) no daría cobertura al Ayuntamiento por medio de la redacción de unas Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) tras la anulación en noviembre de 2016 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tal como le solicitó el PP municipal con ayuda del PP parlamentario, que planteó la cuestión en la Cámara legislativa.

Díaz afirmó que «cuando vimos que no íbamos a tener una solución alternativa y que el bipartito fiaba la salida del problema a la Ley del Suelo, nosotros le dimos toda la prioridad a la redacción de otro Plan General». Como es sabido, Santander está resolviendo sus cuestiones urbanísticas por medio del PGOU de 1997, una vez que el Tribunal Supremo declaró nulo el plan aprobado en 2012. Esto afectó a numerosos proyectos en los que la ciudad llevaba años trabajando, caso del Plan Parcial de La Remonta -que volvió a la casilla de salida tras más de una década de esfuerzos administrativos por concretarlo-, la rehabilitación del Cabildo de Arriba -que sigue sin resolver- o toda la urbanización del Frente Marítimo de la ciudad, que se quedó en suspenso.

En este tiempo, el Ayuntamiento ha podido ir dando cobertura a algunos proyectos urbanísticos por medio de modificaciones puntuales del PGOU del 97. En el último pleno municipal se revisaron dos de ellas: una correspondiente a una parcela en Camarreal, donde con el plan de 2012 se iban a construir varias viviendas. Finalmente, se levantarán solo dos. La segunda fue solicitada por Semark (propietaria de la cadena de supermercados Lupa) para que se permitan usos comerciales en áreas que el PGOU de hace 20 años solo autorizaba usos residenciales. Este cambio ha sido visto como necesario tanto por el Consistorio -que considera que los vecinos deben tener cerca servicios básicos- como por el Gobierno regional, que a través de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y urbanismo) permitió recientemente la ampliación de actividades.

Díaz recordó, por otro lado, que el Ejecutivo regional no está siendo precisamente diligente con la tramitación del la Ley del Suelo que, en el futuro, puede afectar a su Plan General. «Nosotros tenemos un ojo puesto en esta ley, pero hace seis meses que no se sabe nada», pese a que la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, anunció hace más de un año que estaba avanzada y que estaría lista de forma inmediata.

Para Santander, esta normativa es fundamental. «Nosotros podemos avanzar todo lo que queramos por nuestra parte, pero siempre tendremos que atenernos a ese texto y, de momento, no lo conocemos. Si la nueva ley cambia muchas cosas, lo mismo nos hacen un roto», apuntó Díaz, que tiene la duda de si, en esta circunstancia, la prisa municipal por redactar el Plan General acabará mereciendo la pena.