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El convento de Las Clarisas de la calle Alta no tiene quien lo quiera. El Gobierno regional sacó en noviembre a licitación la obra con la que se quiere evitar que se caiga el inmueble -levantado en el siglo XVII-, pero el concurso ha quedado ... desierto: solo se presentaron dos empresas y, de ellas, una quedó descartada por no cumplir los requisitos y la otra no presentó en tiempo y forma la documentación pertinente. Así que, cuatro años y medio después de que la Consejería de Presidencia empezara a gestionar el proyecto -que ya entonces se consideraba una emergencia por el precario estado del edificio- hay que volver a la casilla de salida: el Ejecutivo volverá a licitarlo, esta vez por la vía de urgencia, tal como permite la Ley de Contratos del sector público.
El edificio, ubicado enfrente del Parlamento de Cantabria, es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985, lo que significa que tiene interés artístico o histórico y que es un espacio a proteger por la Administración autonómica. Esta, a la espera de decidir qué destino le da en el futuro, había previsto una primera rehabilitación consistente en apuntalar el inmueble, adecentar las fachadas, reformar la cubierta y conservar tanto el claustro como varias salas que la Dirección General de Cultura consideró más interesantes. Asimismo, se derribarían hasta nueve naves anexas totalmente accesorias.
A esta conclusión se había llegado en agosto de 2016, cuando se encargó un estudio técnico que daría forma a esta idea inicial. Pero en los años siguientes todo han sido retrasos en las tramitaciones. Finalmente, la consejería de Presidencia anunció la licitación del proyecto de consolidación del antiguo convento (que no su rehabilitación integral, como había pedido al alcaldesa Gema Igual) para el primer semestre de 2020. El concurso salió a finales de 2020 por valor de casi 755.000 euros pero solo dos empresas optaron a los trabajos -Excavaciones González Vega y Exvedra Obras y Reformas- pero con poco éxito: la primera no pudo acreditar su condición de contratista, en tanto que la segunda no completó la documentación que se pedía.
El resultado es una nueva demora para el acondicionamiento de un edificio que, aunque amenaza ruina, ha sido considerado de forma recurrente para albergar proyectos ambiciosos por su ubicación en un área muy céntrica de la ciudad. Durante años, sonó como candidato a convertirse en 'ciudad de la Justicia', plan que se desestimó por no contar con el espacio suficiente para ello. A otra vuelta se le vio como idóneo para acoger el futuro Mupac (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria), idea que tampoco cuajó.
El inmueble en cuestión fue ocupado por las monjas clarisas durante cerca de 180 años, hasta que fueron expulsadas en el año 1835 por el obispo de Santander para instalar allí una fábrica de tabacos. Las cigarreras entraron en el recinto en 1838 y lo abandonaron en 2002, cuando la producción de Tabacalera se trasladó a una moderna fábrica en el municipio de Entrambasaguas. El año que viene cumplirá 20 años cerrado.
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