Costas asegura que el Ayuntamiento no solicitó el Rema ni modificó el PGOU para facilitar su cesión

El lío viene de lejos. Este edificio, que albergaba un bar-restaurante, se cerró en 2013. Y desde entonces ha permanecido así. Tras dos años sacándolo a concurso, el Ministerio lo adjudicó a un empresario para su reparación y explotación. «En el trámite del expediente de concesión el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable que manifestaba que el Rema se encontraba fuera de ordenación urbanística y que el Plan General de Santander estipula unas obras limitadas para este tipo de edificaciones», explican fuentes ministeriales. Pero esta edificación necesita una reforma integral.

Tras la recepción del informe desfavorable, se sucedieron varias reuniones entre los servicios técnicos municipales y los del Ministerio para tratar de resolver la situación. «Se propuso al Ayuntamiento que realizase una modificación puntual del PGOU para coordinar el régimen urbanístico con el de las concesiones existentes en dominio público marítimo-terrestre». Basándose en el marco de los deberes de colaboración interadministrativa previstos en el artículo 116 de la Ley de Costas, el Ministerio elaboró en 2016 un documento ambiental estratégico para la tramitación de la modificación puntual del PGOU y «se trasladó al Ayuntamiento para su incorporación al expediente urbanístico».

El tiempo siguió pasando y la situación no se resolvía, por lo que el empresario que había ganado el concurso para explotar el edificio exigió la devolución de la fianza, narran fuentes del Ministerio. «A raíz de esto y por una Orden Ministerial del 8 de febrero de 2018 se resolvió denegar la concesión con base en el informe desfavorable emitido por el Ayuntamiento». Basándose en este documento del Consistorio, la resolución sentenció la demolición del Rema en un plazo de seis meses, salvo que el Ayuntamiento modificase el PGOU para permitir su mantenimiento.

Desde Costas aseguran que han insistido más de una vez para que se realice la modificación puntual que facilite la posterior cesión del Rema. El 11 de junio de 2019, al conocer que el Ayuntamiento tramitaba una modificación puntual del PGOU que afectaba a varios artículos de su normativa urbanística, «este Ministerio consultó si esos cambios podrían permitir la ejecución de las obras de reparación necesarias para la explotación del edificio Rema, según las condiciones previstas en la solicitud de concesión denegada. No se recibió respuesta a esta consulta», afirman desde Transición Ecológica.

Costas apunta que no sólo no se ha realizado la modificación puntual del PGOU, sino que en septiembre de 2019 el Ayuntamiento les notificó la incoación de un expediente sancionador por las condiciones de insalubridad del edificio Rema. Costas efectuó alegaciones y reiteró la consulta sobre el cambio en el PGOU.

El 23 de enero de este año insistió de nuevo en el asunto «sin que hasta la fecha se haya recibido una respuesta». Desde el Ministerio concluyen que «teniendo en cuenta todos nuestros intentos, no ha sido posible regularizar la situación», a lo que se suma el expediente sancionador por parte del Ayuntamiento. «Se decidió que no podía demorarse más el cumplimiento de la Orden Ministerial del 8 de febrero de 2018 (han pasado dos años y el plazo eran seis meses) y ya se han iniciado los trámites para proceder a su demolición».