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El mandato que realizó el pasado mes de abril el Parlamento de Cantabria al Gobierno regional fue claro: declarar Bien de Interés Cultural (BIC) o crear una figura de protección similar para la dársena de Molnedo con la intención de frenar la ejecución de la ... obra de restauración del emblemático dique de Puertochico que plantea el Ayuntamiento de Santander. La Cámara, con los votos de PRC, PSOE y Vox –este último fue el partido que llevó el debate al pleno– consideraba que la actuación planteada por la alcaldesa Gema Igual en este espacio del centro de la capital que presenta un estado de abandono evidente «no preserva su valor histórico y patrimonial». Los grupos que aprobaron la iniciativa parlamentaria –todos salvo el PP– reconocen que hay que actuar, pero piden que el proyecto sea menos invasivo. Exigen que no se introduzca toda una serie de elementos modernos que, en su opinión, son ajenos a la realidad histórica de la dársena y que aparecían en las infografías que presentó la alcaldesa cuando dio a conocer sus intenciones ya hace cinco años, durante la campaña electoral de 2019. Por eso pidieron declarar BIC el espacio, algo que implicaría que las exigencias para llevar a cabo cualquier remodelación de la zona fueran mucho mayores que las actuales. Cabe recordar que, tras la votación en la Cámara regional, Igual apuntó que la infografía que presentó en su momento «no era el proyecto definitivo» y garantizó que no se haría «nada esperpéntico».
La Consejería de Cultura ha analizado esta reclamación y ha respondido de forma negativa. Aunque el departamento que dirige Eva Guillermina Fernández es el competente para desarrollar el expediente para la creación del BIC, Cultura alega que no puede ser el Gobierno de Cantabria quien inicie el expediente. «Dichas estructuras, para las cuales se solicita protección, están adscritas a un servicio público de titularidad y gestión estatal, motivo por el cual será la Administración General del Estado la competente para tramitar dicho procedimiento», explica el departamento en su respuesta al Parlamento de Cantabria. Es decir, que deja el balón en el tejado de la Autoridad Portuaria de Santander, propietaria de esos terrenos integrados en la ciudad.
Aunque la Ley cántabra sobre protección del patrimonio afirma que cualquier persona física o jurídica puede solicitar el inicio de un procedimiento de protección, también es cierto que la norma estatal de Patrimonio Histórico Español apunta que, en estos casos, «la competencia para tramitar un posible expediente de protección corresponde a la Administración General del Estado».
Para los portavoces del Grupo Alceda, la respuesta de la Consejería de Cultura es «una excusa para lavarse las manos». Aunque reconocen que el argumento legal puede ser válido, desde este colectivo lamentan que la contestación del Gobierno de Cantabria a la petición del Parlamento haya sido tan vaga y que ni siquiera se haya ofrecido a intermediar con el Puerto de Santander. «El terreno será propiedad del Puerto, pero la memoria que guarda este espacio es de todos los santanderinos. La administración regional debería dar ejemplo para proteger este patrimonio», apunta Domingo de la Lastra, que en nombre del Grupo Alceda ya impulsó en 2021 la creación de un BIC en esta zona.
Esta dirección general de la Consejería de Cultura, entonces en manos del PSOE, dio los mismos argumentos. En aquella ocasión, este colectivo no pedía únicamente proteger la dársena de Molnedo y el entorno de Puertochico, sino todo el frente litoral que va desde el dique de Gamazo –este lugar ya es BIC desde hace dos décadas– hasta la Grúa de Piedra, con el muelle de Calderón y el Palacete del Embarcadero incluidos.
«Si bien el Gobierno de Cantabria no puede iniciar el expediente, sí debería atendiendo a la proposición no de ley del Parlamento y trasladar la iniciativa al Puerto para cumplir. No quedarse en la inacción de decir 'no es cosa mía'», coincide el diputado socialista Jorge Gutiérrez.
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