Las denuncias por botellón superan de enero a mayo las de todo 2016

Este mayor control policial se materializa en el notable aumento de las denuncias formuladas por la Policía Local durante las noches de los viernes y los sábados en el municipio. En cuatro meses, de enero a mitad de mayo, se han puesto 1.390. La cifra supera el total de multas puestas en 2016 por botellón, que fueron 1.028 sanciones. Y a este ritmo también se superarán las 2.062 denuncias de 2017.

Sólo en el entorno de Cañadío y las calles anexas, la cifra de las denuncias por hacer botellón o beber en la calle (la diferencia es que lo segundo se hace a las puertas de un bar sin terraza autorizada para ello) se triplicó, pasando de 92 sanciones en 2016 a 259 en 2017.

Las denuncias se van a «mantener y a reforzarse», informan desde la Policía Local. «Cañadío es uno de los puntos en los que se hace un especial esfuerzo para evitar el botellón y, como digo, se mantendrá y reforzará este verano». Sobre otros puntos cerca de las playas de El Sardinero, se asegura que, «desde hace muchos meses, se vienen estableciendo numerosos dispositivos en la zona de los bajos del Rhin, sobre todo, el fin de semana, que es cuando se produce botellón allí, lo que ha ocasionado un importante incremento en el número de denuncias en esa zona con respecto a años anteriores».

Además, la lucha contra el botellón que en Santander se impulsó en 2008 con la aprobación de la Ordenanza sobre la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actividades Antisociales (que prohibe consumir bebidas alcohólicas en la calle, salvo en fiestas o en terrazas y veladores autorizados) se intensificará los próximos meses, gracias a la incorporación de 19 nuevos policías que «permitirá a la nueva dirección de la Policía Local reforzar los dispositivos operativos, incluidos los de prevención del consumo de alcohol en la vía pública», explican.

Para el Ayuntamiento este incremento sancionador -que tuvo su máximo en la noche del viernes 13 de abril con 120 denuncias (este viernes fueron 33)-, refleja el «esfuerzo» que se hace para luchar contra este fenómeno, aunque resaltan que, «en una primera fase, la presencia policial siempre es de carácter preventivo, es decir, se trata de disuadir del consumo de alcohol en la vía pública. Si persiste, es cuando se pasa a la denuncia». «Nuestro objetivo es que no haya necesidad de multar porque todos los jóvenes respeten las normas de convivencia y la prohibición de beber alcohol en la calle».

Los primeros en percibir los resultados de este control policial son los vecinos de las zonas de Cañadío y Río de la Pila, máximos afectados. En ambos casos han notado el descenso del botellón, que «casi ha desaparecido», aseguran. «En los últimos tiempos se ha acabado con el botellón en la plaza de Cañadío. Nada tiene que ver con la situación de años atrás. Estamos satisfechos, aunque el problema no se ha erradicado, sino que se ha trasladado a las calles aledañas. Se necesita un mayor compromiso con la concienciación de los jóvenes», opina Ricardo Alea, de la Asociación Pombo-Cañadío.

Lo mismo ha pasado en el Río de la Pila, según palabras de Jesús Garay, de la asociación vecinal: «Ahora la zona está francamente bien. Ha pasado un año desde el último gran follón» -calcula este vecino-, «cuando vivir allí era la guerra, con follones, peleas, gritos y botellas rotas a las horas en las que el alcohol empezaba a hacer efecto. El desmadre al que se llegó lo hacía inhabitable. No descansábamos y se generó un gran rechazo a los bares».

Atrás queda esa tensión entre vecinos y bares, ya que a la presencia policial se sumó la colaboración de los locales, que se aliaron para «eliminar el botellón y darle un nuevo aire a la calle». Empezó con una nueva selección de clientes por parte de los bares. «Todo lo que hacemos está enfocado a un público mayor. Hemos cambiado el enfoque del negocio y nos dirigimos a gente de más edad que consuma dentro del bar. Trabajamos para darle otra imagen a la calle y lo hemos conseguido, ya no tiene nada que ver», dice Jesús Prieto, del bar 'La Gramola'.

«La Policía pasa con frecuencia por la calle e intimida con su presencia», explica Víctor García, del bar 'Covers'. «Desde los bares también controlamos la calle y llamamos a la Policía si vemos follón. Desde el recogevasos, que pasa continuamente, hasta los porteros de algunos bares, todos estamos colaborando para erradicar el botellón y la mala imagen que se ganó la calle».

En los bajos del Rhin también se está reduciendo la práctica del botellón. «Al menos llevamos los últimos fines de semana sin que amanezca esa zona de la playa como un vertedero», asegura Juan Carlos del Río, del restaurante Maremondo, próximo a la zona. «No hemos observado los desperfectos habituales, como el robo de sillas de la terraza, suciedad, cristales rotos...». Pero, además, indica que el botellón le parece «preocupante no sólo por los inconvenientes materiales que genera, sino por la salud de los propios jóvenes que beben sin conocimiento alguno».

Con el aumento de las multas y controles, los practicantes del botellón están en éxodo buscando un nuevo sitio donde pasar inadvertidos o, por lo menos, salir impunes. De la multitud de gente que se congregaba hace un año en zonas conocidas -como Cañadío o el Río de la Pila, donde se juntaba tanta gente que impedía que la Policía entrase-, ha emigrado en busca de la discreción y en grupos dispersos por calles secundarias.

El primer fin de semana de mayo, como ejemplo, las patrullas mantuvieron los controles fijos en playas y aparcamientos. Las tendencias se reflejan en el resultado. Hubo 27 multas en la Finca de Jado; 14 en el paseo de Menéndez Pelayo; 24 en la calle Pizarro; 12 en la calle Carlos Salomón; 19 en el Río de la Pila; 12 en Santa Lucía; y otras 23 en Bellavista. Dispersión.

Cada noche de viernes y sábado la Policía establece una media de 10 controles fijos en el Río de la Pila, Cañadío, Santa Lucía, la plaza de Pombo, los Jardines de Pereda y en El Sardinero, los bajos del Rhin, en el parque de Mesones, en Piquío y por el Auditórium. Además, se atenderán los avisos de las asociaciones de vecinos y directores de los centros de estudios, que envían requerimientos vía email.

La Policía Local identifica a las personas que están consumiendo alcohol en la vía pública, sean menores o mayores de edad, y remite la denuncia y la multa correspondiente al domicilio que figure en su documento de identidad. En lo que va de 2018, el porcentaje de las multas abonadas en período voluntario es del 81,32%. El resto, pasa a reclamarse por la vía ejecutiva, con un recargo del 5%. Si tampoco se paga en la fecha establecida en la reclamación, entra en providencia de apremio, lo que conlleva un 10% sobre el valor de la multa. Si sigue sin pagarse, concluido el plazo establecido en la providencia de apremio, eln recargo pasa a ser del 20%.

El importe de la sanción para mayores de 18 años es de 60 euros y para los menores de 18 años es de 30 euros. En ambos casos, se aplica una reducción del 20% por pronto pago (antes de 15 días tras la notificación) y se puede aplicar también otro 20%, acumulable, por reconocimiento de responsabilidad.