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El jueves se cumplió un año del derrumbe parcial del número 57 de la calle del Sol y los vecinos demandan soluciones para restablecer el edificio a su estado original. Están «muy cabreados» con «los causantes» de su mal, dice sin dar ni medio rodeo ... el abogado de la comunidad de propietarios, Miguel Ángel Gutiérrez Liébana, quien los tiene bien aleccionados para que hablen lo menos posible públicamente. A un año vista del desplome, alrededor del bloque han pasado infinidad de cosas, pero hay una fundamental: cinco familias que residían en el centro de la ciudad miran hacia el lugar en que estaba su casa y ven un hueco vacío. El objetivo de todos es que ese espacio vuelva a llenarse.
En este año se ha actuado en varios frentes. En el puramente personal, en un primer momento todos los residentes en el bloque fueron desalojados aunque las cinco familias que habitaban la parte del edificio más alejada del derrumbe pudieron regresar en septiembre, apenas un mes y medio después del suceso. Otros cinco propietarios esperan a ser autorizados para volver el próximo mes de agosto, según ha anunciado el Ayuntamiento, que se ha reunido periódicamente con los afectados y que, en un primer momento, prestó ayuda económica para alquileres y para que aquellos que se quedaron literalmente sin nada (sin ropa, sin champú, sin sus fotos enmarcadas, sin cama y sin batidora) pudieran comprar lo básico para seguir en el mundo.
19 de julio 2017 Pasadas las 08.00 horas se ordena el desalojo del edificio. A las 18.00 se cae todo un lateral. No hubo víctimas, pero cinco propietarios se quedaron sin piso.
7 de agosto 2017 El Ayuntamiento ve indicios de falta grave en la obra que se estaba acometiendo en un local de hostelería y abre un expediente sancionador para determinar las causas del suceso y sus posibles responsables.
Septiembre 2017 (primera semana) Se autoriza la vuelta a sus viviendas a los cinco propietarios cuyas casas están en el extremo opuesto a la parte del edificio que se derrumbó. Regresaron tres y el dueño del otro local comercial del lugar, que reabrió su negocio.
Diciembre 2017 Arrancan las obras de consolidación de la parte central del inmueble, que todavía siguen.
Abril 2018 El pleno del Ayuntamiento de Santander da luz verde a las sanciones para los tres 'responsables' del siniestro con los votos del PP y del concejal David González.
13 de marzo 2018 El Ayuntamiento considera responsables del siniestro al promotor, al director de la obra y al contratista.
Julio 2018 Las tres empresas implicadas en el derrumbe recurren las sanciones por la vía del contencioso-administrativo.
El Consistorio ha ido adelante con el aseguramiento del bloque: se hizo cargo del desescombro y del aislamiento de la parte no dañada y, desde enero, está corriendo con los trabajos de consolidación que está previsto acabar a corto plazo. Finalmente, abrió un expediente sancionador para determinar las causas y concluyó -siete meses después- que fue «un exceso de obra» en el local que se estaba reformando lo que provocó la desgracia. Le puso nombre y apellidos a los posibles 'culpables': Dos Imanes Producciones (promotor), Pedro Martínez (director del proyecto) e IC-Millán Multiservicios (ejecutor).
Políticamente, el caso ha levantado ampollas entre la oposición municipal y el equipo de gobierno. Gema Igual asegura que en ningún momento se ha dejado de la mano a los afectados, pero los ediles del resto de partidos han pedido sin descanso «responsabilidades», la dimisión del concejal de Urbanismo y una comisión de investigación. Todas las reclamaciones han caído en saco roto.
En el plano judicial, en este año se presentaron y desestimaron querellas y la Fiscalía abrió y cerró una investigación. Actualmente, sólo una línea está viva en el ámbito judicial: los tres implicados acaban de recurrir por la vía del contencioso-administrativo las sanciones que se les han impuesto, entre las que se contempla restituir a su estado inicial el edificio e indemnizar por daños morales a los afectados, que no ocultan que han sufrido lo suyo. Son discretos con todas las penalidades que han pasado, aunque entre las consecuencias del derrumbe hay que citar «enfermedades agravadas», nuevos tratamientos médicos y desarraigos.
Saben, además, que retomar su vida en el lugar en el que la dejaron «va para largo». Los recursos contenciosos tardarán en resolverse entre un año y un año y medio, según la experiencia de Gutiérrez Liébana, que es rotundo: pese a que «el cuerpo les pide ir a por todas» se ha optado por medir muy bien las actuaciones «y estamos haciendo lo que consideramos que más nos ayuda a recuperar esos pisos lo antes posible. En su momento, muchos tendrán que responder».
El letrado asegura que aunque los propietarios tienen «ganas de guerra, hay acciones que ahora no suman. Nosotros tenemos muy claro qué pasó. Hubo alguien que bajó 60 centímetros el suelo, hubo alguien que enredó en tres fachadas sin tener permiso, hubo quien mintió de continuo... Incluso a los bomberos durante el desalojo».
Gutiérrez Liébana dice que, en todo este contexto, los afectados «están agradecidos al Ayuntamiento, hasta cierto punto» porque el expediente sancionador municipal impuso a los tres implicados en la obra «la obligación de reponer» las viviendas. Al tiempo, avisa: la comunidad ha interrumpido el plazo de prescripción de los posibles delitos (que es de cinco años) porque «quieren seguir teniendo todas las puertas abiertas». «Nosotros no nos personamos en las causas penales que se abrieron al principio porque nunca se sabe cuándo va a acabar un proceso penal. Pero estamos en nuestro camino, no estamos parados y no renunciamos a nada». Cuenta que era «importante que el expediente sancionador municipal no se enfangara» y señala que «cuando esté todo encauzado, no sólo desde el punto de vista de las sanciones», será el momento de plantearse intervenciones concretas. «Civilmente, hay más responsables que los tres sancionados de ahora», advierte.
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