La deuda del Ayuntamiento bajó un 1,9% en 2019, hasta los 87 millones de euros

La bajada de la deuda se traduce en 851 euros por habitante y asciende a 87 millones de euros, un nivel de endeudamiento de 44,66%. «Un porcentaje que está muy lejos del 75%, que es el límite en el que se tendría que solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para endeudarse más», expuso González Huergo.

El edil también apuntó que «la ejecución del presupuesto de gastos es seis puntos superior al del año anterior, hasta alcanzar el 71% ejecutado». Ante estas palabras, algunos grupos como Unidas por Santander (UxS) criticaron que expusiera ese dato como algo positivo en lugar de cumplir al 100% lo presupuestado. «Un 71% ejecutado quiere decir que más de un tercio se ha quedado en fondos líquidos sin utilizar. Hay que reconocer que en algunas áreas ha habido mejora, pero no es para sacar pecho», respondió el edil de UxS, Miguel Saro. «Algunas partidas que no se cumplen son las de urbanismo, sólo un 26%, pavimentación, un 27%, movilidad sostenible, un 50%, parques y jardines, un 40%, fomento al empleo, un 35%, bibliotecas, un 38%...».

Otros puntos de la Cuenta General de 2019 destacados por González Huergo fueron que el consistorio cumplió los plazos en el pago a proveedores «con una media de 10,21 días, inferior al periodo legalmente permitido de 30 días». También indicó que el superávit presupuestario del 2019 se quedaba en 107,62 euros por habitante, cerca de 19 millones de euros que se suman a los remanentes acumulados de años anteriores, 60 millones de euros más. En este punto, el portavoz socialista, Daniel Fernández, consideró que la acumulación de 80 millones de superávit «significa que ha habido una mala gestión» y destacó que el Ayuntamiento «paga más a empresas externas que a sus propios empleados, siguiendo una deriva privatizadora». El edil de Vox, Guillermo Pérez Cosío, también entró a valorar el superávit por habitante y consideró que «hay que reducir la carga impositiva, porque que sobre dinero como consecuencia del cierre de la cuenta es un esfuerzo baldío que hace cada santanderino». Respecto a la petición del Gobierno de España de hacer uso de esos remanentes, -rechazada por la Federación de Municipios-, apuntó que «hemos estamos a muy poco de prestar todo al Estado. Hay que ajustar la carga fiscal porque no puede haber siempre superávit».

«La misma línea que años anteriores». Desde el grupo regionalista tampoco faltaron las críticas. La concejala Amparo Coterillo, calificó las cifras como «la parálisis propia de un equipo de gobierno incapaz de inyectar dinamismo a una maquinaria que funciona al ralentí». Según su análisis, la cuenta muestra «una incapacidad ejecutiva que nos produce temor ante el escenario que puede surgir de la liquidación del 2020».

La Cuenta General también recoge que la población empadronada en Santander se incrementó en 2019 por segundo año consecutivo hasta los 172.539 habitantes, 495 más que el año anterior. Además, se destinaron 34,8 millones de euros a inversiones, un 46,8% más que el año anterior. Eso, sin contar la inversión realizada por las sociedades públicas, como la Sociedad de Vivienda y Suelo, las ejecutadas en los servicios de agua y basuras por parte de las concesionarias o las desarrolladas mediante colaboración público-privada.

Aunque ya queda poco para que termine el 2020, estas cuentas corresponden al 2019. Esto se debe a que la aprobación de la Cuenta General es de esos trámites burocráticos que se alargan en el tiempo. Nueve meses después de que comenzase este año, se obtuvo la aprobación inicial de las cuentas de 2019 en la Comisión Especial de Cuentas del 4 de septiembre. Tras esa fecha, se publicó en el BOC del 16 de septiembre y se sometió a información pública durante 23 días hábiles. El 20 de octubre finalizó ese proceso sin alegaciones y se aprobó este jueves de forma definitiva en el pleno. Una vez completados los trámites en los órganos municipales, se remitirá al Tribunal de Cuentas, paso que se cumplirá dentro del nuevo plazo legal que establece la normativa, ampliado este año hasta el 22 de enero de 2021 como consecuencia del estado de alarma.