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Sólo el PP mantiene el misterio hasta el final. El único grupo político que se niega a celebrar la comisión de investigación de las basuras es también el único que no quiso revelar ayer qué dos concejales defenderán su postura a partir de la ... próxima semana, cuando arrancará la primera sesión de dicha comisión. Hoy a las 13.00 horas termina el plazo para trasladar a la Secretaría General del Ayuntamiento de Santander el nombre de los elegidos, como recalcaron ayer los populares para evitar responder. Sin embargo, todo hace indicar que serán el portavoz del grupo, César Díaz, y la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, como responsable del área al que pertenece el servicio de limpieza viaria.
El resto de grupos sí han seleccionado a sus ediles con antelación. De los socialistas, los elegidos para defender su postura en la comisión de investigación son el portavoz Daniel Fernández y el portavoz adjunto, Néstor Serrano. En el caso de los regionalistas, serán el portavoz José María Fuentes-Pila y Amparo Coterillo. De Ciudadanos, serán Javier Ceruti y Felipe Pérez Manso –los dos concejales que tiene el grupo–. Y, del grupo mixto, estarán los dos ediles que lo forman: el portavoz de UxS, Miguel Saro, y el de Vox, Guillermo Pérez-Cosío.
Tras años de tira y afloja para conseguir crear la comisión –y aún con procedimientos legales por resolver–, la primera sesión tendrá lugar a principios de la semana que viene. En concreto, tendrá que celebrarse como máximo el martes, pues será cuando se cumplan siete días hábiles desde su aprobación en el Pleno de julio. En esta primera toma de contacto, se constituirá y organizará este nuevo órgano sin que los grupos planteen su posicionamiento, aunque el PSOE adelanta que pondrá encima de la mesa los comparecientes que cree que deben participar, como la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, o el anterior alcalde, Íñigo de la Serna. A partir de ahí, se concretará cómo serán las siguientes citas.
Como recoge el texto aprobado en la sesión plenaria de julio, esta comisión servirá para aclarar cuestiones como si el contrato con Ascán –la adjudicataria saliente– cumplió las normas del sector público, si la calidad prevista del servicio se adecuaba al incremento de la tasa de basuras aplicada antes de su entrada en vigor, si existieron contrapartidas no reflejadas en el contrato para compensar la adjudicación del servicio a un precio menor que el que se pagaba con anterioridad, si existió control y vigilancia del contrato, si durante la vigencia del contrato los órganos directivos del Ayuntamiento validaron incumplimientos, si está justificado el contrato de emergencia para adjudicar el nuevo servicio –ahora con PreZero–y las razones por las que más de ocho meses después de esa adjudicación directa aún no están redactados los pliegos para la nueva licitación.
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El PP no tiene prisa por designar a sus dos concejales y ya avisaron en el Pleno del 29 de julio que pondrían en marcha «todas las medidas legales para revertir los acuerdos nulos –aunque los tribunales de justicia están cerrados hasta el mes que viene–». La creación de la comisión de investigación se aprobó con el visto bueno del PSOE, el PRC, Cs, UxS y Vox y con el único 'no' de los populares. El PP justificó su voto afirmando que esta aprobación podía suponer un caso de «prevaricación», ya que el acuerdo se tomó a pesar de la existencia de un informe desfavorable de la Secretaría General del Pleno.
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