Los dos principales contratos de Santander, basuras y jardines: un largo embrollo judicial

La gestión de Parques y Jardines también ha estado rodeada de polémica pues la concesionaria saliente, la UTE Urbaser-Contratas Piñera, terminó su contrato en 2018 y desde entonces lo ha tenido prorrogado tras la suspensión del anterior proceso de adjudicación.

Como con Ascán, el Ayuntamiento también ha sancionado a esta empresa por supuestos incumplimientos. Y hace un mes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo condenó al Consistorio a devolver 2,3 millones de euros (más los intereses) precisamente por estas deducciones en las facturas que el juez consideró que no eran válidas.

Una situación sin precedentes en el Ayuntamiento de Santander a la que hay que sumar otros obstáculos. El Consistorio lleva ya dos años sin aprobar los Presupuestos y a la espera del próximo ejercicio, la gestión económica se basa en modificaciones de créditos Pleno tras Pleno para garantizar el funcionamiento de la ciudad. El PP asegura que ya trabaja en el próximo documento contable.

Un dato vale para resumir lo que ha ocurrido con el contrato de basuras de Santander:después de una relación de casi treinta años, empresa –Ascán– y Ayuntamiento han roto relaciones y han acabado en los tribunales.

Ascán se hace cargo del servicio de basuras de Santander en el año 1994. Desde entonces ha encadenado tres contratos seguidos y al menos durante los dos primeros la relación era buena. Tanto es así, que la ciudad recibió premios por la limpieza de sus calles bajo el servicio de esta empresa. El coste de la última licitación publicada asciende a 22,7 millones al año, para un contrato que se ofreció por diez años.

El origen se sitúa en 2013, año en el que salen a licitación los nuevos pliegos para volver a adjudicar el servicio. El punto de conflicto se encuentra en la amortización de parte del personal. Paralelamente, empiezan las críticas sobre la calidad de la limpieza de la ciudad. La sensación de que Santander no estaba limpia, de que los contenedores no funcionaban y de que la maquinaria se había quedado obsoleta. La propia alcaldesa llegó a reconocer públicamente que la ciudad «no está limpia algunos días». Los encontronazos empresa–Ayuntamiento se hicieron ya públicos a partir de 2014.

El municipio tomó la decisión de sancionar a la adjudicataria por los supuestos incumplimientos, tanto de falta de personal, como de ausencia de inversión para mejorar la maquinaria. Las sanciones consistieron en aplicar descuentos en las facturas del contrato. La situación llegó a su punto culminante en noviembre de 2021 cuando el Ayuntamiento decidió de forma unilateral rescindir el contrato con Ascán y adjudicar el servicio por emergencia a Cespa (hoy PreZero), la segunda empresa mejor valorada en el proceso de adjudicación.

El coste se situó en 16,5 millones. La respuesta de Ascán llegó por vía judicial: primero, con los recursos presentados a las sanciones; segundo, con el recurso a la rescisión del contrato y a la adjudicación por emergencia a otra empresa.

Ayuntamiento y empresa han tenido victorias y derrotas en los tribunales. Ascán ha ganado 16 juicios por deducciones de facturas. Diez de ellos de forma definitiva, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la sentencia. Y otros seis están pendientes, ya que el Consistorio ha recurrido los fallos. Las diferentes sentencias han obligado al Ayuntamiento a devolver a la empresa un total de 2,4 millones (más 540.000 euros de intereses)del dinero que había retenido por los supuestos incumplimientos. No implica mayor gasto para las arcas municipales –salvo los intereses– porque ese dinero había sido retenido. El municipio, por su parte, dice que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo han ratificado las deducciones en las facturas referentes a la plataforma tecnológica, reposición de papeleras, déficit de medios técnicos y maquinaria y campañas de información y divulgación. Así, estos mismos juzgados han dado la razón a la adjudicataria en otros dos conceptos:personal y recogida de cartón.

Ascán también ganó la 'guerra' de los contenedores. La empresa retiró cientos de ellos de las calles cuando se rescindió el contrato. El consistorio lo denunció, pero el juez archivó la causa.

Aún están por resolver dos de los pleitos más importantes: uno sobre la resolución del concurso de basuras (Ascán considera que no hubo razones para que el Ayuntamiento rescindiera el contrato) y el otro sobre la posterior adjudicación por emergencia a PreZero. Cabe recordar que el juez ya avaló este contrato de emergencia tras la demanda de la empresa Icinsa por no seguir el procedimiento ordinario para adjudicar un responsable de la calidad del servicio.

El contrato de parques y jardines del Ayuntamiento de Santander presenta un hecho insólito. La anterior adjudicataria, la UTEformada por Urbaser y Contratas Piñera, estuvo casi cinco años realizando el servicio con el contrato ya caducado por las dificultades del consistorio para licitar un nuevo pliego.

El consistorio firmó en 2012 con la UTE Urbaser-Contratas Piñera la gestión del cuidado de los parques y zonas verdes de la ciudad. Este contrato tenía una vigencia de cuatro años, más cuatro de prórroga, es decir hasta 2018. Entonces, la UTE cumplió lo firmado y el Ayuntamiento sacó a licitación un nuevo concurso que no ha podido adjudicarse hasta finales del año pasado. Desde 2018 hasta 2022 Urbaser-Piñera se encargó del servicio a pesar de tener el contrato caducado. El coste anual del servicio para el Ayuntamiento de Santander (hoy en manos de Légamo) es 11,3 millones para un periodo de cuatro años.

Al acercarse el final del contrato con Urbaser-Piñera (2018), el Ayuntamiento de Santander abrió un año antes el nuevo proceso de licitación, que resolvió en noviembre de 2018. La oferta mejor valorada fue la de la UTE formada por las empresas Imesapi-Copsesa-La Encina.

Sin embargo, la oferta levantó en armas a los 199 trabajadores del servicio, que alertaron de una reducción de los puestos de trabajo que ponía en duda la calidad del servicio y porque tenía una adjudicación tan a la baja que no permitía asumir los salarios de los empleados. En octubre de 2020, el Ayuntamiento decidió parar el proceso, desestimarlo y abrir una nueva licitación. Es decir, empezar de cero. En todo este tiempo fue Urbaser-Piñera la encargada de mantener los parques y jardines de la ciudad pese a haber concluido el contrato.

En medio de este enredo, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, dio a conocer, en diciembre de 2019, un duro informe del Servicio de la Intervención Municipal que ponía en duda la gestión que Urbaser-Piñera hacía del servicio, con supuestos incumplimientos respecto al personal, los medios empleados, las mejoras que debían hacerse o las revisiones de precios por parte de la adjudicataria entre febrero de 2012 y diciembre de 2018. También señalaba directamente al jefe de servicio por la «dejación de sus funciones» de control y vigilancia en la ejecución del contrato (además se señalaba al Consistorio). La alcaldesa apartó de su cargo al funcionario.

A consecuencia de este informe, el Ayuntamiento dedujo facturas por los supuestos incumplimientos de la UTE.

Hace poco más de un mes se hizo pública una sentencia que condena al Ayuntamiento de Santander a devolver 2,3 millones de euros (más 600.000 euros de intereses) a la anterior empresa de Parques y Jardines. El fallo del juzgado, que recurrirá el Ayuntamiento, estima los recursos presentados por Urbaser y Piñera contra las deducciones en las facturas que aprobó el Consistorio por supuestos incumplimientos.

Así, el Ayuntamiento explica que ha ganado en los juzgados a la anterior adjudicataria 1,7 millones de euros en dos sentencias previas. Además, recalca que su reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato por 3,2 millones de euros sigue en los tribunales ya que la UTE recurrió.

Una de las claves por la que el juzgado declara nulas las sanciones a la empresa adjudicataria, es que se produjeron con el contrato ya vencido. Además, la sentencia pone en entredicho el informe en el que se basaron las decisiones del Ayuntamiento e, incluso, alude a otro informe de una consultora, contratada por el municipio, en el que se pone de manifiesto que el grado de satisfacción de los ciudadanos con el servicio era satisfactorio.