Dos promotoras reactivan el plan de levantar 120 viviendas en el Promontorio de San Martín

El proyecto incluye 120 viviendas de 'ultralujo' que se distribuirán en un edificio en forma de U. Como explican los vecinos que siguen viviendo allí, las promotoras les ofrecen pisos en el nuevo inmueble a cambio de que cedan los que tienen ahora. El resto, lo venderán. De hecho, según apuntan los actuales inquilinos, ya deben tener todos vendidos. «Lo que sí pedimos de cara a una segunda reunión es que nos indiquen por escrito qué es lo que nos ofrecen exactamente a cada uno». De lo que tenga actualmente cada propietario dependerá lo que le den después. A uno de ellos, por ejemplo, le ofrecen, si acepta derribar su vivienda, un piso y un garaje. El edificio se construirá en el último reducto que queda frente a la Bahía, lo que multiplicará aún más el valor de estos pisos.

La incógnita está en lo puramente urbanístico. Cuando se anuló en 2016 el PGOU de 2012 se retrotrayeron todas las actuaciones -tanto esta como todas las obras previstas- al planeamiento del año 1997, que es el que está actualmente en vigor. Para desarrollar este espacio al borde del litoral de San Martín tras la anulación de ese Plan General, la solución más rápida pasaba por redactar y aprobar un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que lo permitiese. El asunto quedó entonces en el aire, con el proyecto parado y la salida de las promotoras que lo llevaban en aquel momento. Ahora, con el objetivo de reactivarlo y con las conversaciones ya iniciadas con los pequeños propietarios que siguen viviendo allí, la duda que no confirman desde el Ayuntamiento es si el PERI llegó a aprobarse o sigue parado, un trámite fundamental del que dependerá que las obras puedan arrancar ya o demorarse más de un año, que es el plazo aproximado que tarda en salir adelante este tipo de instrumentos urbanísticos municipales.

El promontorio tiene unas dimensiones de 6.000 metros cuadrados y la ubicación es privilegiada, con orientación sur, vistas al mar y sin posibilidad de que edifiquen delante, pues está en un alto sobre la explanada de Gamazo. Ahora mismo, más de la mitad de la finca está libre de edificaciones y hay tres edificios que se tendrán que derribar antes de dar inicio a la construcción de los pisos de lujo. En concreto, está el antiguo restaurante y sala de fiestas Miralpuerto y dos edificios de pisos, en los que hay viviendas que pertenecen a pequeños propietarios que viven allí o los tienen alquilados y otros que ya son de las promotoras. Había un cuarto edificio, una casa, que el Ayuntamiento declaró en ruina en 2017, ya que el tejado estaba semihundido, y que tuvo que derribarse. Pertenecía a las promotoras que lideraban entonces el proyecto.

De los planes para construir en el Promontorio de San Martín se comenzó a hablar en el año 2003, levantando un gran revuelo porque los primeros proyectos que se barajaron pasaban por levantar grandes edificios con enormes terrazas. Aquella primera promotora que más tarde abandonó el proyecto era Norcasa, que ya en el año 2000 empezó a adquirir todos los pisos que pudo para acelerar el inicio de las obras. Aunque el plan era más ambicioso entonces -se barajaba levantar más plantas-, desde el Consistorio, que ya estaba avanzando en la redacción del PGOU de 2012, se trasladó a la empresa en 2008 que las actuaciones tendrían que limitarse al terreno que ya estaba construido, donde podrían derribar los tres edificios que había para levantar el nuevo, sin extenderse más, y con un máximo de cinco alturas.

Con el PGOU aprobado en 2012 -se retrasó tres años más de lo previsto-, el plan urbanístico que daba luz verde al proyecto en el Promotorio de San Martín se aprobó en 2014. Las promotoras que en ese momento lideraban las actuaciones eran Playa San Martín -formada por Norcasa y Sadisa- y Raimcosa. Firmaron un convenio urbanístico de gestión obligatorio con el Ayuntamiento en el que quedó por escrito la cesión de un tercio de la superficie para un parque público, que tendrían que entregar a la ciudad totalmente urbanizado. También tuvieron que ceder una franja verde que recorrería todo el exterior del perímetro de la finca y 300 metros para ensanchar la calle paralela al aparcamiento del Palacio de Festivales. El convenio posibilitaba de esta forma que el municipio contase con casi 2.000 metros de zona verde ajardinada en el extremo sur de la finca. Fue aprobado por el Pleno municipal en septiembre de 2014 y se vino abajo en 2016, cuando el PGOU se anuló y arrastró el Plan Especial.

Dicho plan era restrictivo en cuanto a la construcción de viviendas en esta finca y marcaba que deberían tener forma escalonada, con una altura máxima de cinco pisos y cuatro en la parte que mire hacia el sur. En ningún momento el Ayuntamiento sopesó la posibilidad de expropiar la totalidad de la finca privada para convertirla en parque público, sino que se decantó por permitir una edificabilidad reducida con la cesión obligatoria de una parte para dedicarla a ese parque público.

Ahora que las conversaciones entre promotoras y vecinos se han reactivado, las incógnitas se centran en qué sirve y qué no de las conversaciones que hubo en su día entre el Ayuntamiento y las empresas. La ciudad sigue rigiéndose por el PGOU de 1997 y no hay fechas para aprobar uno nuevo, ya que en 2019 estaba ya a punto de aprobarse uno que quedó paralizado tras las elecciones y la entrada de Ciudadanos en el equipo de gobierno, que asumió la Concejalía de Urbanismo con una visión más enfocada en la rehabilitación que en la construcción y que empezó otro documento de cero. Cuando cuatro años después ya tuvieron listo el trabajo previo, el Modelo de Ciudad, con idea de licitar el grueso de un nuevo PGOU, las elecciones de 2023 sacaron a los naranjas del equipo de gobierno y el PP volvió a gobernar con mayoría absoluta y con otro concepto de PGOU, por lo que un PERI sigue siendo la herramienta más rápida para dar luz verde a este proyecto concreto.

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