Dueños de hostales de Santander se oponen al albergue de peregrinos que construirá el Ayuntamiento «regalando dinero al Obispado»

El albergue en cuestión se erigirá en el número 7 de la calle Limón, en una parcela de la Iglesia en la que actualmente hay un edificio que data de 1920 que lleva mucho tiempo desocupado y en estado de ruina. El Ayuntamiento se encargaría de derribarlo y de construir el albergue allí mismo, con cinco plantas y una capacidad de 48 plazas. El Obispado, por su parte, asumirá la gestión y explotación del albergue una vez construido. La actual fase del proceso sí ha salido a licitación y once estudios aspiran al contrato para la redacción del proyecto de ejecución de este alojamiento de peregrinos, con un presupuesto de 68.622 euros.

El recurso firmado por cinco dueños de hostales y albergues de la ciudad (aseguran que son más los compañeros del sector «preocupados por este tema, pero no firman por miedo») indica que, en primer lugar, el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diócesis no está publicado en ningún lugar y han tenido que conseguirlo «por medios indirectos» para conocer su contenido al sentir que les «afecta directamente». Para ellos, es un «regalo» de la Administración local a la Iglesia y las contraprestaciones que conlleva son «una burla». Piensan que el convenio es «simple y llanamente ilegal» y que incluso puede ser constitutivo de delito, «ya que se adentra peligrosamente en la prevaricación administrativa», por lo que advierten de que, si no se declara nulo, acudirán a los tribunales.

Este recurso, presentado hace unos diez días, aún no ha sido revisado por el Ayuntamiento de Santander. El de la Asociación de Hostelería de Cantabria -más breve, pero compartiendo los criterios del anterior- sí que ha obtenido respuesta. La gerente y el abogado del colectivo empresarial han sido convocados a una reunión en la que se les ha explicado lo siguiente: «El convenio pretende dotar de un recurso del que se carece en la ciudad, la construcción de un albergue para peregrinos. Que no supone competencia para los hosteleros, porque lleva una regulación muy estricta, pues solo pueden alojarse peregrinos y pernoctar una sola noche. No es un alojamiento turístico», ha contado el Ayuntamiento a este periódico, remarcando que no habrá ánimo de lucro y que se ha ofrecido a la Asociación de Hostelería formar parte de una comisión de seguimiento de las actuaciones objeto del convenio, un órgano cuya creación viene contemplada en el mismo acuerdo.

El Obispado de Santander, por su parte, ha declinado entrar a valorar esta disputa: «No vamos a hacer ninguna declaración. Los hosteleros que hagan lo que estimen pertinente», es la respuesta ofrecida a este periódico.

Los dueños de alojamientos firmantes del recurso niegan el mismo espíritu del acuerdo, la necesidad de contar con un albergue para peregrinos 'público' en Santander. A su juicio, «no es función de la administración» construir uno, sino que, en todo caso, será de quien recibe a los peregrinos, aquí la Iglesia Católica, por lo que «se torna en público un interés privado», y defienden la suficiente oferta de alojamientos que hay actualmente para este tipo de viajeros. Pero, aun con todo, indican que, si tal necesidad existiera, «el Ayuntamiento debería sacarlo a concurso, sacando a licitación el lugar, la parcela, la gestión y no ecomendándoselo a una entidad privada sin concurso». Más allá, recuerdan que en un Estado aconfesional «nunca podría adjudicarse a una entidad religiosa en perjuicio de las demás (...) ¿Qué impediría a personas musulmanas pedir su propio albergue con cargo al erario público alegando que van camino de La Meca, a mormones que fueran a Utah o a judíos camino de Jerusalén? (...)».

Tampoco comparten la justificación del Consistorio acerca de que este albergue contribuirá a la «rehabilitación y regeneracion del barrio del Cabildo de Arriba». «Ni se rehabilita ni se regenera nada -contestan los empresarios-. Solo es el derribo íntegro de un edificio y la construcción de uno nuevo (...) ¿o acaso construirá edificios en solares privados hasta dejarlos completamente terminados y se les entregará llave en mano a sus propietarios?», ya que observa que el Obispado pone a disposición del Ayuntamiento su edificio, pero no entrega su propiedad. En cuanto al «aumento de la actividad económica» esgrimido, también lo niegan, pues en el convenio no se prevé la creación de puestos de trabajo, pues el Obispado solamente deberá aportar un hospitalero y personal de apoyo. «El Ayuntamiento permitirá que el Obispado compita con las empresas privadas sin personal laboral o público, sin gastos de infraestructura o financiación, a un precio testimonial y durante los 365 días del año».

Este convenio contempla que el Obispado establezca una «tarifa o donativo» a los peregrinos para contribuir a los gastos corrientes, sin especificar nada más ni reservar el derecho a revisión de cuentas por la otra parte. Por ello, en el recurso entienden que, aunque se indique que no habrá ánimo de lucro, «nada impediría que se otorgue la gestión a un tercero y que acabe convertido en un albergue boutique cinco estrellas, y el Ayuntamiento no podría decir nada». Por todo ello, creen que el convenio es «manifiestamente lesivo, injusto, innecesario, ilegal e improcedente (...) Aquí solo gana el Obispado de Santander, que donde tiene un edificio en ruina se va a encontrar con un albergue nuevo entero para su uso y disfrute, sin poner ni un solo euro».